MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El PP promete impulsar una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que “garantice la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos”, norma similar al anteproyecto que el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegó a presentar a finales de mayo de 2018, antes de la moción de censura.
Así consta en el documento con el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, opta a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 23 de julio. La norma es una de las principales propuestas que los promotores inmobiliarios llevan reivindicando con más intensidad en las últimas semanas.
El entonces ministro de Fomento pretendía limitar a cuatro años el plazo para presentar denuncias contra los planes urbanísticos y dar un plazo de hasta un año y medio para que se subsanen los errores denunciados mientras se mantiene en vigor el mismo.
En una jornada organizada por Esade hace dos semanas, la portavoz de Vivienda del PP, había sugerido que el PP recuperaría la norma al afirmar que llevaba “pululando” durante una década pero no se había “conseguido aprobar nunca” y subrayó que la medida “impediría” la “anulación en cascada” de los planes urbanísticos.
En esas jornadas, el consejero delegado de Aedas Homes, David Martínez, había reclamado la necesidad de “flexibilizar los trámites” que permiten convertir suelo urbanizable en urbano, que ahora es un “proceso heroico” por una estructura “tremendamente garantista, compleja y contradictoria”. “Algo que debería tardar pocos meses, tarda muchos años”, se quejó.
En otro foro organizado por el diario ‘El Economista’ la semana pasada, el consejero delegado de Culmia, Francisco Pérez, reclamó más expresamente que “lo primero” que debe hacer el nuevo Gobierno en materia de Vivienda es aprobar la ley de seguridad jurídica que tanto con el PP de Mariano Rajoy como el PSOE con Pedro Sánchez había llegado a ver la luz en forma de anteproyecto.
Pérez se refería al anteproyecto que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aprobó en primera lectura el pasado mes de diciembre.
En concreto, se trataba de un anteproyecto que pretendía modificar la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana para “actualizar” el planeamiento urbanístico y territorial, y “simplificar la burocracia” sin generar “merma alguna de la seguridad jurídica y del interés general”, según dijo la ministra Raquel Sánchez en rueda de prensa.
La ministra explicó que el Ejecutivo pretendía dar un “impulso” a las políticas de vivienda y “evitar la paralización” del planeamiento territorial que se ha producido “durante años” en numerosos municipios “por defectos menores que son fácilmente subsanables”. No obstante, pese a que la intención era aprobarla durante el año 2023, la norma no llegó a entrar en las Cortes antes de la convocatoria electoral.
DEROGACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA
En su programa electoral, el PP también confirmó su intención de derogar la Ley de Vivienda porque “ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda” y que propondrá un pacto de Estado sobre la vivienda que cuente con la participación e implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos.
“Exploraremos conjuntamente soluciones para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente”, señala la formación.
En línea con los avales aprobados por el Gobierno, la formación presidida por Núñez Feijóo también promete llevar a cabo un programa de avales destinado “a personas de hasta 35 años a fin de garantizar la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda”.
El PP también promete la movilización del suelo de titularidad pública destinado a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible y la promoción de la vivienda social con “objetivos coherentes y realistas”, como “elemento fundamental” para hacer frente al problema de la vivienda.
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