MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
España contaba, a finales de 2024, con 360.000 empleados del hogar dados de alta en la Seguridad Social, de los que en su inmensa mayoría son mujeres, y tienen, como principal reto para mejorar su situación, que se acabe con la falta de información sobre derechos laborales que sufren, después de los avances en el reconocimiento de derechos legales que se han aprobado en los últimos años por parte del Gobierno.
Precisamente, coincidiendo con la celebración este viernes del Día Internacional de las Empleadas de Hogar, el Instituto Santalucía ha publicado una guía especializada en la que se desgranan los principales derechos laborales del colectivo.
Por su parte, los sindicatos han pedido reiteradamente que se refuerce todavía más la protección de las empleadas de hogar, pues consideran que están muy expuestas a riesgos para los que no se da respuesta en estos momentos.
En este sentido, un informe realizado por UGT reclama dar una mayor perspectiva de género a la legislación sobre riesgos laborales en España, ya que no atiende de forma adecuada a las especificidades de la población femenina. Asimismo, pide poner el foco en los riesgos de origen psicosociales que, en muchos casos, quedan olvidados.
“Desde nuestro punto de vista, los riesgos psicosociales de origen laboral son los grandes olvidados de la gestión preventiva. Creemos que debido a la importancia que tienen en la salud de los trabajadores en general y en la salud mental en particular, deberían contar con una normativa propia en nuestro país, como por ejemplo la tienen la exposición al ruido o a los agentes biológicos. Por lo tanto, debe avanzarse hacia la mejora de las evaluaciones de riesgos, la aplicación de medidas preventivas y organizativas, la formación e información y la vigilancia de la salud respecto a las patologías que afectan a la salud mental. Esto se conseguiría impulsando una legislación diferenciada de los riesgos psicosociales de origen laboral”, expone el sindicato dirigido por Pepe Álvarez.
En cuanto a las trabajadoras del hogar, señala que debe avanzarse en la protección de su seguridad y salud en el trabajo, no descuidando los aspectos psicosociales, ya que son un colectivo vulnerable y pueden llegar a estar expuestas a situaciones de violencia, acoso, acoso sexual, etc.
Cabe destacar que el principal escollo para que las empleadas de hogar puedan mejorar sus derechos vía negociación colectiva es la falta de organizaciones empresariales, dado que no prestan, generalmente, sus servicios en una compañía, sino en casas particulares.
No obstante, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, se ha mostrado a favor, en reiteradas ocasiones, de reforzar la protección de sus derechos, si bien ha advertido de que el exceso de burocracia y el aumento de costes para las familias puede incentivar la economía sumergida en los hogares, por lo que ha defendido compensaciones para los empleadores.
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
Entre los avances aprobados en los últimos años, la guía del Instituto Santalucía destaca el derecho a la prevención de riesgos laborales, el acceso a formación en seguridad y salud y la implementación de protocolos contra el acoso y la violencia en el trabajo.
En el ámbito de la salud laboral, el nuevo marco normativo refuerza la prevención de riesgos con evaluaciones periódicas y medidas de protección para garantizar condiciones de trabajo seguras. Además, las empleadas del hogar tienen derecho a reconocimientos médicos gratuitos cada tres años dentro del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, gracias a las reformas recientes, las empleadas del hogar tienen acceso a una amplia gama de prestaciones dentro del sistema de la Seguridad Social, entre las que se incluyen jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y bajas médicas tanto por enfermedades comunes como por accidentes laborales. Desde octubre de 2022, además, cuentan con derecho a la prestación por desempleo y desde enero de 2023 pueden acceder al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Por otra parte, desde 2023, los empleadores están obligados a comunicar las altas y bajas de sus trabajadores en la Seguridad Social, independientemente de la duración de la jornada, un requisito que busca fomentar la formalización del sector y mejorar la protección social de las trabajadoras.
MÁS INFORMACIÓN
“A pesar de estos avances, aún persisten retos como la necesidad de más información para empleadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones”, advierte el Instituto Santalucía, que destaca la importancia de seguir impulsando medidas que favorezcan la regularización del empleo doméstico y aseguren el cumplimiento efectivo de los derechos laborales.
“Las reformas recientes han supuesto un gran avance para la protección social de las empleadas del hogar, acercando sus derechos a los del resto de los trabajadores. Sin embargo, es clave seguir trabajando en la concienciación y la aplicación efectiva de estas medidas para garantizar su plena integración en el sistema de protección social”, resuelve el director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez.
En otro orden de cosas, la situación de las mujeres empleadas de hogar, muchas de ellas de origen extranjero, es uno de los temas que suele abordar el Consejo Asesor para la Eliminación de la Brecha de Género creado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha situado entre sus prioridades a las empleadas de hogar en diferentes ocasiones, promoviendo su acceso a derechos de los que hasta el momento estaban excluidas.
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