MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Poder Judicial de Perú ha ratificado este jueves la decisión del organismo de control migratorio andino de prohibir el ingreso al país al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), después de que el Gobierno liderado por Dina Boluarte le acusara de intervenir en la política nacional.
La segunda Sala Constitucional de Lima ha adoptado esta medida al revocar una resolución judicial previa (de noviembre de 2023) en la que se había declarado fundado un recurso de ‘habeas corpus’ presentado por su abogado Ronald Atencio Sotomayor que disponía la anulación de la alerta migratoria contra el exmandatario, según la resolución a la que ha tenido acceso la emisora RPP.
El fallo sostiene que la medida de la Superintendencia Nacional de Migraciones no fue arbitraria, sino que tiene sustento en el resumen ejecutivo de la Inteligencia peruana al Ministerio del Interior, en el que se identifica a Morales como propulsor y participante de eventos ideológicos y políticos con aras de desestabilizar el orden interno y hacer frente al Gobierno peruano.
“Lo que significa que la decisión tomada por la Superintendencia Nacional de Migraciones se encuentra plenamente justificada puesto que existe un informe del Servicio de Inteligencia del cual se desprende que ya se ha calificado al señor Evo Morales Ayma como una persona peligrosa para la seguridad del Estado y ese es el motivo principal de impedir su ingreso a nuestro territorio con lo que se descarta que la motivación sea inexistente como indica erróneamente la parte demandante y el juzgado”, precisa la sala.
Además, ha remarcado que la parte demandante ni siquiera haya demostrado que el exdirigente de Bolivia no es responsable de las acciones que se el imputan, mientras que ha agregado que esta medida no le afecta porque reside en Bolivia y no ha mostrado indicios de querer ingresar a territorio peruano.
El Congreso peruano, durante el mandato del ahora exmandatario Pedro Castillo, declaró en noviembre de 2021 persona ‘non grata’ a Morales, por su “negativo activismo” e “injerencia” en los asuntos políticos. Los legisladores sostuvieron que su actitud constituía un “claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano”.
- Te recomendamos -
