Censura los retrocesos en esta materia con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que achaca una actitud “deliberadamente opaca”
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El PP quiere que el Gobierno impulse la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de 2013 para, entre otras cosas, incrementar los mecanismos de control y sanción a los organismos públicos que incumplan la norma.
Con este objetivo ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en cuya exposición de motivos aprovecha para achacar al Ejecutivo de coalición el “alarmante retroceso” que, a su juicio, se ha producido, en materia de transparencia.
“Reiteradamente, el Ejecutivo ha demostrado su inclinación a ocultar información, dificultar el acceso a datos relevantes y evitar los mecanismos de fiscalización que la ley estableció”, argumenta el PP.
En este contexto, destaca que los informes resultantes de las distintas evaluaciones realizadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han señalado “graves incumplimientos por parte de este Gobierno, que ha adoptado una actitud deliberadamente opaca”.
EL GOBIERNO ELUDE LAS PREGUNTAS INCÓMODAS
Entre las áreas “más preocupantes” están, según el PP, “la falta de información clara y accesible sobre los contratos públicos, las subvenciones otorgadas, las decisiones de gasto y, en particular, las agendas y actividades de los altos cargos”.
Los ‘populares’ se quejan de que esta “negativa a ser fiscalizados” se ha extendido también a los trámites parlamentarios, donde percibe “una estrategia constante de evasión por parte del Ejecutivo”. Así le acusa de eludir “las preguntas incómodas” y de desatender las solicitudes de información.
Según el PP la respuesta del Gobierno ante los distintos “escándalos” que se salpican “ha sido, en muchos casos, el silencio, la inacción o, lo que es aún más grave, la negación a permitir investigaciones efectivas”.
RENDIR CUENTAS ES UNA OBLIGACIÓN
“Las comisiones parlamentarias que se han creado para investigar algunas de estas situaciones han sido boicoteadas mediante tácticas dilatorias y falta de colaboración por parte del Ejecutivo, socavando así la función de control que corresponde a este Parlamento”, abunda el primer partido de la oposición en su iniciativa.
Además, recuerda al Gobierno que “la rendición de cuentas no es una opción, sino una obligación para todo ejecutivo democrático”. “Un Gobierno que oculta información, que se demora en responder a las solicitudes de transparencia y que no publica de forma proactiva datos clave para el control ciudadano, mina la credibilidad de la democracia”, enfatiza el PP.
Por todo ello, buscan que el Congreso inste al Gobierno a promover una reforma de la Ley de Transparencia que incorpore “mejoras significativas en términos de control y sanción” para aquellos sujetos obligados que no cumplan con los principios establecidos en la ley, así como que fije “medidas de transparencia y rendición de cuentas que vayan más allá de los mínimos establecidos en la legislación actual”.
FORTALECER EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
También apuesta por fortalecer el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dotándolo de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para ejercer con mayor eficacia su función de supervisión y control del cumplimiento de la ley, a la vez que demanda “garantizar la independencia efectiva de este organismo, evitando cualquier interferencia política que pueda comprometer su labor”.
Asimismo, pide fomentar una cultura de Gobierno Abierto, adoptando políticas activas de formación y sensibilización entre los empleados públicos y la ciudadanía en general sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.
“Impulsar una política de tolerancia cero frente a la corrupción, a través de la destitución inmediata de cualquier cargo público implicado y asegurando que cualquier caso que se detecte sea investigado de forma exhaustiva, con la máxima celeridad, colaboración y bajo el principio de transparencia”, es la última demanda que el PP recoge en su proposición no de ley.
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