Quiere que la Cámara obligue al Gobierno a cumplir las exigencias del Parlamento, aunque se hayan aprobado con el voto en contra del PSOE
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El PP forzará la próxima semana una votación en el Pleno del Congreso para que los grupos insten al Gobierno a que los proyectos de ley que se aprueban en el Consejo de Ministros y se envían a la Cámara para su tramitación cuenten “al menos” con el apoyo de Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo de coalición.
Este es uno de los puntos de la moción registrada por el PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que es consecuencia de la interpelación que el portavoz ‘popular’, Miguel Tellado, dirigió el miércoles al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
La iniciativa consta de siete puntos en los que se tratan diversos asuntos relacionados con la actividad parlamentaria, tanto en su vertiente de control al Gobierno como en la puramente legislativa, así como con las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Además de solicitar al Gobierno que “respete la función legislativa que la Constitución encomienda al Congreso”, los ‘populares’ reclaman que se emplace al Ejecutivo a remitir a las Cortes Generales proyectos de ley “que cuenten con respaldo, al menos, de los partidos que sustentan la coalición y están representados en el propio Consejo de Ministros que acuerda su remisión”.
EL EJEMPLO DE LA LEY DEL SUELO
Con esta petición el partido mayoritario pretende que no se repitan episodios como el que tuvo lugar hace unas semanas cuando el Ministerio de Vivienda optó por retirar su reforma de la Ley de Suelo ante la falta de apoyos para garantizar su tramitación. En este caso, algunos socios parlamentarios del Ejecutivo habían pedido su devolución al Gobierno, una posición que iba a ser respaldada incluso por la coalición que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Además, el PP plantea que se recalque al Gobierno que debe “cumplir de forma efectiva y sin demora los mandatos emanados de la voluntad de la mayoría de la Cámara mediante iniciativas de orientación política” como son las mociones y las proposiciones no de ley.
En lo que va de legislatura, sólo en el Pleno, el PSOE ha perdido un total de 21 votaciones. Es decir, han salido adelante aún con su voto en contra, más de dos decenas de puntos de iniciativas de la oposición. Los de Alberto Núñez Feijóo aprovechan, en concreto, para exigir el cumplimiento de iniciativas suyas que lograron que fueran aprobadas por la Cámara.
Así, quieren instar al Gobierno a presentar un proyecto de ley de Presupuestos para 2025 “que incluya el mantenimiento de la reducción del IVA de productos básicos y su ampliación, cuando menos, a carne, pescado y conservas, junto con la deflactación del IRPF y las exenciones fiscales para jóvenes de entre 18 y 34 años en los primeros años de su vida laboral en “los términos aprobado por la mayoría del Congreso”.
JUSTIFICAR LAS AUSENCIAS AL CONTROL
En relación con la función de control del Congreso, el partido mayoritario se queja, en concreto de que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no justificara adecuadamente sus ausencias acudiera a sesiones de control durante la campaña electoral de las europeas, en las que concurrió como cabeza de cartel del PSOE.
El PP no llega a plantear su reprobación y se limita a intentar que el Pleno la inste a “rectificar y enmendar” lo que considera una elusión de “sus obligaciones de control para dedicarse a actos electorales, sin contar con ningún tipo de justificación de forma de agenda institucional”.
En este contexto, con otro de los puntos de su iniciativa, el PP defiende que, al comunicar las ausencias de los ministros a la sesiones de control, Moncloa tenga que adjuntar “las oportunas justificaciones suficientemente acreditadas en asuntos ineludibles e inaplazables relacionados con el ejercicio de las competencias inherentes a sus cargos”.
Por último, el PP también busca que se exija al Gobierno que cuando ejerza la función que le confiere la Constitución de vetar la tramitación de iniciativas legislativas de los grupos, lo haga respetando la doctrina de Tribunal Constitucional, es decir, que sólo impida el debate de textos que afecten “al presupuesto en vigor en cada momento, en coherencia con el principio de anualidad presupuestaria y sin que pueda pretender extenderse a presupuestos futuros”.
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