MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El PP ha anunciado que llevará al Pleno del Senado de la próxima semana un requerimiento al Gobierno y al Congreso para “revocar la corrección de errores” introducidas en la Ley de Eficiencia Jurídica, dando así el primer paso para elevar un nuevo choque institucional con la Cámara Baja y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Así lo ha anunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, tras la Junta de Portavoces de este martes, en la que ha denunciado que la Ley de Eficiencia Jurídica fue aprobada “sin recoger los complementos salariales de un subgrupo y un grupo de jueces”.
“Solo una ley puede modificar otra ley”, ha señalado la portavoz de los ‘populares’, que también ha adelantado que su formación presentará una proposición de ley para que las categorías de jueces que se quedaron fuera de la iniciativa del Gobierno “sí reciban el debido complemento salarial”.
En concreto, Alicia García ha denunciado que el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Jurídica “ha sido modificado respecto a lo aprobado en el Parlamento utilizando de forma fraudulenta la corrección de errores”.
El PP con su mayoría absoluta en el Senado vetó el proyecto y lo devolvió al Congreso, que levantó esta enmienda a la totalidad, y el Boletín Oficial del Estado publicó el proyecto ya como ley orgánica. Tras este proceso, la portavoz del PP ha acusado al Gobierno y el Congreso de publicar “una abusiva corrección de errores” a esta norma.
En el caso de que finalmente el Congreso y el Gobierno desoigan este requerimiento oficial, el PP ha adelantado su intención de hacer uso de su mayoría absoluta y elevar un nuevo choque institucional que podría acabar en el Tribunal Constitucional.
El primero choque institucional de la democracia entre el Senado y el Congreso fue impulsado por el PP a colación de la ley de amnistía, aunque finalmente los ‘populares’ decidieron dejar sin efecto esta medida y no lo elevaron al Constitucional. Sin embargo, el PP sí que optó por seguir adelante con este choque institucional en el caso de la norma que podría beneficiar a presos de ETA.
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