También plantea quitar la nacionalidad española a los naturalizados que cometan este tipo de delitos
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El grupo parlamentario de Vox defenderá el próximo martes ante el Pleno del Congreso una propuesta de reforma del Código Penal que plantea, entre otras cosas, que se pueda castigar con hasta 20 años de cárcel a los presidentes del Gobierno o de Ejecutivos autonómicos que promuevan o faciliten la realización de conductas que busquen “atentar contra la unidad o la integridad territorial de España”.
Vox registró esta iniciativa en la Cámara Baja el pasado mes de noviembre, al hilo del debate sobre la reforma del delito de sedición que finalmente se aprobó a finales el año pasado y ha decidido llevarla ahora a debate para que el Congreso acepte su tramitación.
En la exposición de motivos, recogida por Europa Press, los de Santiago Abascal subrayan que la condición de los gobernantes de representantes públicos elegidos por los ciudadanos “obliga a que la fidelidad a España sea condición necesaria e indispensable” para su labor.
Por ello, cree que si cometen delitos contra la independencia del Estado deben ser reprimidos “con mayor dureza” en el Código Penal. Asimismo, el tercer grupo de la Cámara es partidario de que se agrave la pena en caso de que un gobernante colabore con un delito contra la Constitución. Con ello, pretende evitar que “con falsos pretextos como asegurar una supuesta gobernabilidad del país se produzcan cesiones a movimientos destructivos de la unidad nacional”.
DE 10 A 15 AÑOS SI SE AMPARA O TOLERA
En concreto, abogan por introducir un nuevo capítulo al Título XXI (delitos contra la Constitución) dedicado a los delitos contra “la unidad de la Nación”, cuyo primer artículo recogería penas de entre 10 y 20 años para la autoridad o funcionario de cualquier administración, órgano constitucional o poder público que “por acción u omisión, con abuso de su cargo o función, realizare, colaborare, cooperare, favoreciere, facilitare, impulsare o promoviere la realización de conductas o la aprobación de normas con el propósito de atentar contra la unidad o la integridad territorial de España o faciliten la independencia de una parte de la Nación”.
Las autoridades o funcionarios que amparen o toleren estas conductas se enfrentarán a penas de 10 a 15 años y habrá tipos agravados si las realizan vicepresidentes, ministros, presidentes autonómicos o consejeros.
En el caso de que el autor sea quien ostenta la presidencia del Gobierno se le “impondrá la pena superior en dos grados” y también si estas conductas se realizan con “inteligencia, cooperación, coordinación o unidad de acción con gobiernos extranjeros o agencias y organismos internacionales, tengan o no carácter gubernamental”.
Asimismo, la proposición de ley de Vox apuesta por modificar el título relativo a los “delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional” con el fin de incorporar un tipo agravado específico cuando el sujeto activo del delito de traición sea el presidente o un miembro del Gobierno de la Nación o de los distintos consejos de gobierno regionales.
ELIMINAR EL DELITO DE OFENSA A COMUNIDADES
En otro de sus puntos propone incluir penas de uno a dos años de prisión para el delito de ofensas o ultrajes a España o a sus símbolos si se cometen con fines de apoyo al terrorismo, de alteración al orden constitucional o de independencia de una parte del país; o cuando sean cometidos de nuevo por miembros del Gobierno o de una comunidad autónoma.
Vox persigue que las ofensas o ultrajes a España, sus símbolos o sus emblemas se castiguen con multas de 12 a 24 meses. Actualmente el Código Penal prevé sanciones de siete a doce meses para estos y pero también los ultrajes a las comunidades autónomas, un delito que los de Abascal ya no contemplan.
Igualmente propone penas agravadas si estas ofensas o ultrajesson realizadas por presidentes, vicepresidentes o ministros o por presidentes, vicepresidentes o consejeros autonómicos.
REVELACIÓN DE SECRETOS
En paralelo, Vox defiende incluir la pérdida de la nacionalidad española no de origen entre las penas privativas de derechos. De hecho, plantea poder despojar de la nacionalidad a los naturalizados en España que sean sancionados con algún delito contra la unidad de la nación o de ultrajes a España.
Por último, el grupo parlamentario que capitanea Iván Espinosa de los Monteros solicita penas agravadas para los miembros del Gobierno central o autonómicos que incurran en delitos de descubrimiento y revelación de secretos o informaciones relativas a la Defensa Nacional.
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