MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
A punto de cumplir un año de vigencia, el Parlamento de El Salvador ha aprobado este miércoles una nueva prórroga del estado de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022, en un esfuerzo por combatir las pandillas en el país centroamericano.
Con 67 votos a favor, siete abstenciones y siete votos en contra, la Asamblea Legislativa salvadoreña ha aprobado la decimosegunda prórroga del régimen de excepción, que se mantendrá durante 30 días más, según ha informado la Asamblea Legislativa del país en un comunicado.
Como con cada prórroga, el Gobierno ha asegurado que la extensión del estado de excepción sirve para continuar combatiendo a “pandilleros terroristas” y protegiendo a las familias que “día a día trabajan por un mejor futuro”.
En el casi año de vigencia del régimen de excepción, se han capturado a más de 64.000 personas y se han contabilizado 320 días sin asesinatos, lo que implica una reducción de la violencia, según ha detallado el Parlamento salvadoreño en su misiva.
El presidente de la Cámara, Ernesto Castro, ha asegurado que “los gobiernos anteriores fueron cobardes, solo pensaron en votos” y que “gracias a Dios las cosas han cambiado y lo seguirán haciendo porque todavía faltan terroristas que capturar”.
“En un año, hemos salvado la vida de alrededor de 5.000 personas y llevamos más de 320 días con cero homicidios en toda la gestión del presidente (Nayib Bukele)”, ha aseverado durante su intervención en el pleno la diputada Alexia Rivas.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones.
Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por las “evidencias graves” de abusos a los Derechos Humanos desde que se adoptó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022.
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