Se acuerda la comparecencia del diputado, que podrá hacerlo por escrito al estar de baja
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
La comisión del estatuto del diputado del Parlament ha iniciado este jueves el procedimiento para estudiar si sanciona al diputado de Junts Francesc de Dalmases en base al Código de Conducta del Parlament por su comportamiento en julio con la subdirectora del programa ‘Faqs’, Mònica Hernàndez, de TV3.
Presidida por el diputado Jaume Alonso-Cuevillas, la comisión debe analizar si Dalmases, que ya dimitió como vicepresidente de Junts por este caso, incumplió el Código de Conducta al que están sujetos los electos, y será la Mesa del Parlament la que decidirá si procede a sancionar a Dalmases, que puede ir desde una amonestación pública a una multa de entre 600 y 12.000 euros.
Cuevillas había pedido a la Mesa aclarar si la Comisión del Estatuto del Diputado es competente para decidir qué información tiene en cuenta para este procedimiento sobre el Código de Conducta, y el órgano rector del Parlament le contestó el miércoles que es competente para llevarlo a cabo.
Compete así a la comisión decidir cómo se desarrollará el procedimiento –por ejemplo, si cita a otras personas– con el único límite de que debe obligatoriamente oír en audiencia al diputado afectado –puede hacerlo a puerta cerrada–.
Además, debe redactar un informe sobre la supuesta vulneración del Código de Conducta y elevarlo a la Mesa, que es quien decide si los hechos son constitutivos de vulneración e impone, en su caso, la correspondiente sanción.
Tras la comisión, cuyo debate se ha celebrado a puerta cerrada, fuentes parlamentarias han explicado que en la apertura de esta investigación han solicitado adjuntar al informe el acta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sobre la actuación de Dalmases y su comparecencia en comisión parlamentaria.
En esta comparecencia, Dalmases aseguró que tuvo una discusión con la subdirectora del programa pero que no le hizo “ninguna amenaza” a raíz de una entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, actualmente suspendida.
En la comisión también han acordado un trámite de audiencia para que Dalmases comparezca, aunque teniendo en cuenta que está de baja y que puede alargarse “más de un mes”, podría hacerla por escrito y no necesariamente de forma oral.
CARTA DE DALMASES
Precisamente, el diputado de Junts ha enviado una carta a la comisión donde expone su versión de los hechos, remitiéndose a su comparecencia parlamentaria, pero no se ha admitido a la espera de que se adjunten los informes solicitados por la comisión.
Cuevillas tiene previsto redactar un borrador de dictamen sobre el que cada grupo podrá realizar correcciones y enmiendas, y una vez se logre un redactado definitivo, se elevará a la Mesa para que tome una decisión final.
La voluntad, según las citadas fuentes parlamentarias, es no demorar esta cuestión, y por ello la comisión tiene previsto volver a reunirse en un máximo de diez días hábiles.
PRECEDENTES
“El debate no es si es aplicable o no el código de conducta, sino el hecho de que estamos ventilando un procedimiento disciplinario desde una comisión de naturaleza política”, ha sostenido Cuevillas, que ha advertido de que los precedentes que marquen ahora condicionarán el futuro.
En su opinión, lo conveniente es que la Mesa hubiera aclarado el procedimiento de verificación de la vulneración del Código de Conducta y su régimen sancionador, sobre el que tiene “más dudas que certezas”.
Cuevillas dudaba de si el rango normativo del Código de Conducta era suficiente o no para proceder a posibles sanciones así como el alcance que tiene la condición de diputado, y también ha defendido que en los procedimientos disciplinarios debe haber una gradación de las posibles sanciones a aplicar por faltas leves, medias o graves. DEBATE PARLAMENTARIO
El diputado de ERC Jordi Albert cree que el código de conducta es “suficientemente claro” y que tienen capacidad para verificar si los hechos que examinan han tenido lugar, y ha reclamado mayor actividad a la comisión tras afear que en el orden del día aborden cuestiones del año pasado.
Desde la CUP, la diputada Eulàlia Reguant ha reprochado la dilatación de temas, y tras admitir que el Código de Conducta necesitaba aclaraciones al ser la primera vez que se aplica, cree que ahora deben elaborar el informe que corresponda: “Si es necesario se puede pedir asesoramiento a los servicios de la Cámara, pero no delegando nuestra tarea dichos servicios”.
Por parte de los comuns, el diputado David Cid ha defendido que el Código de Conducta está amparado por el reglamento del Parlament, y ha pedido coherencia a los grupos porque “parece que se tomen decisiones en función de los casos ‘adhoc”.
El diputado del PSC-Units David Pérez ha reclamado que el trabajo de la comisión se haga de la manera más ágil posible, dejando claro que “hay que hacerlo bien” porque sentarán un precedente, y ha justificado que pidieran una informe a la Mesa para aclarar algunas dudas sobre el alcance de la comisión.
“Me preocupa que el Parlament se erija como una especie de tribunal de la Santa Inquisición”, ha advertido el diputado de Cs Nacho Martín Blanco, que considera que Dalmases ya ha sufrido suficiente escarnio y castigo público.
Para la diputada del PP Lorena Roldán, es normal que aparezcan “dudas y lagunas” en la aplicación del Código Conducta teniendo en cuenta que aún no se ha aplicado y que sentarán un precedente con lo que decidan.
La diputada de Vox Isabel Lázaro ha preguntado quién esgrime los motivos por los que un diputado debe ser sancionado, alegando que miembros de su grupo parlamentario han sido objeto de “insultos” y otras cuestiones, y si están tipificados.
OTROS PROCEDIMIENTOS
En la comisión también se han abordado los procedimientos que afectan a dos diputados de Vox, Ignacio Garriga y Alberto Tarradas– por expresiones dichas en sede parlamentaria y que presuntamente vulneraron el Código de Conducta.
Las fuentes parlamentarias han concretado que estos procedimientos se han dejado en suspenso porque han pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara catalana para que aclare quién tiene capacidad disciplinaria en este caso.
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