MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados en febrero, incorpora por primer vez medidas destinadas a las mujeres con adicciones. Entre ellas, incluye la necesidad de garantizar la protección y acceso a los recursos de este colectivo.
El acuerdo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox que votó en contra, amplía las medidas del Pacto de 2017 de 290 a 462 e introduce nuevos ejes como son la violencia vicaria, la económica y la digital. Cuenta con un 50% más de dotación económica, hasta alcanzar los 1.500 millones para los próximos cinco años de vigencia.
En este sentido, el Pacto pide en una de sus medidas garantizar el acceso efectivo a los canales de información sobre la salud sexual y reproductiva, “con especial atención a las mujeres vulnerables, con discapacidad, con problemas de salud mental o de adicciones, en situaciones de pobreza o institucionalizadas, asegurando su protección integral frente a cualquier forma de violencia”.
También aboga por garantizar el enfoque interseccional en cualquier política, medida y respuesta institucional que se adopte para combatir la violencia contra las mujeres en todas sus formas, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades y circunstancias de las víctimas. El objetivo es que se garantice el “pleno acceso y ejercicio efectivo” de derechos de las mismas.
Además, solicita que se implementen o adapten los recursos especializados a las necesidades y condiciones de dichas mujeres, para hacerlos “plenamente accesibles e inclusivos” para ellas (lengua de signos, pictogramas, lectura fácil, traducción e interpretación, eliminación de barreras físicas, etc.).
Igualmente, el Pacto de Estado pide adaptar los protocolos de actuación, procedimientos y demás medidas de prevención, detección, atención, protección y acompañamiento a la diversidad de mujeres: mujeres con discapacidad física y/o intelectual, migrantes, transexuales, mayores y en edad de jubilación, jóvenes, en el ámbito rural, con adicciones, con problemas de salud mental, etc.
Asimismo, apuesta por realizar estudios sobre la situación de mujeres con especial vulnerabilidad, entre las que se encuentran las mujeres con adicciones. También hace mención a las que estén en situación de pobreza o exclusión social, sin hogar, en prisión u otras instituciones cerradas, en contextos de prostitución, con problemas de salud mental, con discapacidad, mayores, jóvenes, en entornos rurales, migrantes, así como mayores que sufren violencia machista. En esta línea, insta a tener en cuenta los resultados de dichas investigaciones a la hora de crear o adaptar recursos específicos.
Por su parte, la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha celebrado que el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluya, por primera vez, a las mujeres con adicciones. “Esta decisión supone un avance fundamental en el reconocimiento de las múltiples formas de violencia que sufren estas mujeres y en la necesidad de garantizar su protección y acceso a los recursos”, ha apuntado.
La vicepresidenta de UNAD, Elisabeth Ortega, ha mostrado su “satisfacción” y ha añadido que supone “un paso más” en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Además, ha pedido “seguir trabajando” para la plena implementación del Pacto.
Ortega ha explicado que desde la Red de Atención a las Adicciones se lleva años trabajando para “visibilizar y mejorar” la realidad de las mujeres con adicciones, haciendo hincapié en la situación que viven aquellas que sufren violencia de género.
En este sentido, ha alertado de que, los estudios disponibles en este ámbito estiman que un 80% de las mujeres en tratamiento por abuso de sustancias y el 70% de mujeres con adicciones sin sustancia refieren haber sido víctimas de violencia en algún momento de sus vidas.
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