MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
España contabilizó 3.043.024 empleados públicos en julio de 2024, un 1,9% por encima de los 2.985.321 efectivos registrados en enero de ese mismo año, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (Bepsap).
El número de funcionarios se incrementó en la Administración Local, con un repunte cercano al 7% entre enero y julio de 2024, al pasar de 599.532 a 639.774 empleados.
La mayor parte de los trabajadores públicos españoles, el 61,4%, trabaja en las administraciones de las comunidades autónomas, seguidos de un 21% que presta servicio en la Administración local y un 17,6% presta servicios en el sector público del Estado.
Por tipo de empleado público, el personal funcionario de carrera representaba hasta julio de 2024 el 51% de los efectivos. Sin embargo, si se mira sólo el sector público estatal ese porcentaje sube al 75%. Por su parte, en la Administración Local, casi la mitad de la plantilla es personal laboral.
Dentro de la Función Pública, el porcentaje de mujeres se mantuvo en julio en torno al 59%, con 1.795.475 trabajadoras, frente a 1.247.549 hombres. En el desglose por administraciones, el porcentaje más alto de mujeres se registró en las comunidades autónomas, con un 69,05% de presencia femenina.
Aunque las mujeres son mayoría en la Administración, la proporción cambia en las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un 67,09% de hombres y 32,1% de mujeres. En concreto, de los 277.250 efectivos contabilizados a fecha de julio de 2024, 238.904 eran hombres y 38.346, mujeres.
La edad media dentro de la Administración del Estado se sitúa por encima de los 50 años en el 57% del personal y solo un 20% tenía menos de 40 años. Función Pública destacó que esto supuso “un ligero rejuvenecimiento de la plantilla respecto a enero 2024”.
MAYOR CELERIDAD EN LAS CONVOCATORIAS
UGT destacó en un comunicado “el impacto positivo de los acuerdos sobre el empleo público” y recordó que las ofertas de empleo público sirven para “paliar el déficit estructural de efectivos” que arrastraba la Administración General del Estado (AGE) desde el periodo 2010-2016.
También señaló que estos acuerdos de empleo, respaldados por el sindicato están sirviendo para “revertir la tendencia progresiva de destrucción de empleo público en la AGE”.
“El objetivo era y es garantizar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos, objetivo íntimamente ligado a la situación y condiciones laborales en las que debe prestar sus servicios el personal al servicio de las Administraciones Públicas”, añadió el sindicato.
Pese a estos avances, UGT exigió a Función Pública mayor celeridad en las convocatorias, sobre todo de personal laboral, y en el nombramiento de los nuevos empleados públicos.
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