MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entra en 2025 encaminado a otro posible bloqueo, esta vez por las presidencias de las salas clave del Tribunal Supremo (TS); tanto porque el sector progresista y el conservador mantienen diferencias sobre sus apoyos a los candidatos, como por la falta de acuerdo entre ambos bloques sobre cómo aplicar la regla de paridad a los nombramientos discrecionales.
El órgano de gobierno de los jueces tiene pendiente cubrir las más de 100 vacantes en la cúpula judicial que dejó el anterior bloqueo a la renovación del CGPJ, porque sus vocales no podían hacer nombramientos discrecionales mientras estaban en funciones. En la lista figuran cuatro plazas clave: las presidencias de las salas de lo Civil, lo Penal, lo Contencioso-Administrativo y lo Social del Supremo, todas menos la de la Sala de lo Militar.
Entre estas cuatro presidencias destacan la de lo Penal, encargada de investigar a los aforados –como el presidente del Gobierno, diputados o senadores–; y la de lo Contencioso-Administrativo, responsable de decidir sobre los recursos contra las decisiones del Consejo de Ministros.
De momento, parece que la única plaza libre de debate es la de la presidencia de la Sala de lo Civil, que ejercía interinamente Francisco Marín Castán –que se jubiló en noviembre–, y a la que solamente concurre el magistrado Ignacio Sancho, de perfil conservador.
Para las demás salas, el CGPJ tiene tándem de candidatos. A la de lo Penal se postulan Ana Ferrer, de sensibilidad progresista, y Andrés Martínez Arrieta, de corte conservador; a la de lo Contencioso-Administrativo optan Pilar Teso y Pablo Lucas, ambos considerados progresistas aunque él más moderado; y a la de lo Social concurren Concepción Ureste, también progresista, y Juan Molins, enmarcado en la corriente conservadora.
NEGOCIACIONES ESTE ENERO
Fuentes del órgano precisan a Europa Press que el bloque progresista defiende las candidaturas de Ferrer y Teso, nombres que han sonado de forma reiterada en las quinielas para presidir el CGPJ y el TS. Los conservadores, por su parte, se decantan por Martínez Arrieta y Lucas, ambos veteranos del tribunal.
Durante las entrevistas del pasado noviembre, Ferrer y Teso expusieron sus proyectos a largo plazo por contraposición a la cercana jubilación de sus rivales. Martínez Arrieta –número 1 en el escalafón de la carrera judicial– reivindicó el actual sistema de trabajo y Lucas –encargado del control al CNI– destacó su experiencia al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Las fuentes consultadas inciden en que la negociación entre conservadores y progresistas no ha empezado formalmente y prevén que este enero comiencen los contactos para despejar los nombramientos. La intención, explican varias fuentes, es no llevar el asunto a votación hasta que esté encaminado. Así, hay quienes creen que se resolverán primero los nombramientos de las audiencias provinciales y los TSJ antes que las cuatro presidencias de sala del Supremo.
El debate de fondo, además de las sensibilidades que se le puedan atribuir a los candidatos, parte de si la regla de paridad debe aplicarse en cada nombramiento o si debe tenerse en cuenta respecto del conjunto de las cuatro presidencias o de todas las plazas ofertadas.
Los progresistas consideran que al menos dos de las cuatro presidencias de sala del TS deben ser ocupadas por mujeres, toda vez que insisten en que todos los candidatos comparten excelencia. Los conservadores, por su parte, entienden que la paridad se debe tener en cuenta en el conjunto de plazas y no solo estas cuatro; además, rechazan que se asignen por criterio de género y defienden la primacía de los de mérito y capacidad.
DISCREPANCIAS EN LA APLICACIÓN DE LA PARIDAD
De momento, el CGPJ tiene sobre la mesa dos informes sobre la aplicación de la regla de paridad, ya que la nueva ley establece que en los nombramientos discrecionales “se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%”. Según las fuentes consultadas, está previsto un tercer texto.
Uno de los informes –el emitido por el Gabinete Técnico del CGPJ a petición de la presidenta Isabel Perelló– impone como criterios prioritarios el mérito y la capacidad frente al género para adjudicar las cuatro presidencias de sala del TS.
El pasado noviembre, el Pleno del Consejo tomó conocimiento de este documento, que recuerda que “la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del Tribunal Constitucional y del Supremo excluyen claramente que en trance a proceder a un nombramiento se pueda atribuir al sexo de los candidatos, en términos imperativos, una relevancia mayor que al mérito y capacidad”.
Además, el texto considera que la regla de paridad no debe aplicarse en cada nombramiento, sino tenerse en cuenta respecto al conjunto de las plazas ofertadas en la carrera judicial. Y sitúa el cumplimiento de la misma a lo largo del mandato del CGPJ (cinco años), aunque recalca que si no se logra el objetivo tampoco hay “consecuencias jurídicas”.
El segundo informe, el firmado por los vocales progresistas Lucía Avilés y Carlos Hugo Preciado en la Comisión de Igualdad, difiere de este enfoque al establecer que la regla de paridad debe interpretarse de modo que al menos dos de las cuatro salas del Supremo sean presididas por mujeres.
Ahora, se espera que se aporte un tercer informe sobre la aplicación de la regla de paridad, aunque éste iría más allá de las cuatro presidencias de sala del Supremo. Según las fuentes consultadas, el texto también será redactado por Avilés y Preciado, los autores del segundo informe.
Así las cosas, el CGPJ contará con tres dosieres de cara a los nombramientos que tiene previsto realizar. Las mismas fuentes señalan que de momento no se ha planteado una votación para dejar constancia de los apoyos que recoge cada postura, aunque aseguran que sus conclusiones se tendrán en cuenta a la hora de hacer las designaciones.
INFORME SOBRE EL MODELO DE ELECCIÓN DE VOCALES
Al margen de los nombramientos en la cúpula judicial, el CGPJ tiene otro pendiente este 2025: su propuesta sobre una posible reforma del sistema de elección de los doce vocales del turno judicial.
Fuentes del órgano consultadas por Europa Press señalan que está previsto que el texto esté listo en febrero, aunque recuerdan que debe ser aprobado por mayoría de tres quintos, algo que requerirá debate, toda vez que el Consejo está compuesto por diez vocales conservadores y diez progresistas.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial efectuada el pasado agosto –como parte del acuerdo para renovar el CGPJ– establece que el nuevo Consejo elaborará en el plazo de seis meses “un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados”.
Según recoge la ley, la propuesta “será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación”.
En septiembre, el CGPJ constituyó un grupo de trabajo –conformado por dos vocales conservadores y dos progresistas– encargado de emitir la propuesta y un mes después se fijó calendario para presentarla en el plazo fijado. Según informó el Consejo, recabarán la opinión de las salas de gobierno de los tribunales y de las asociaciones judiciales y preguntarán al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y a la Comisión de Venecia.
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