MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Museo del Prado ha asegurado que “estará en el proceso” judicial contra los dos activistas ecologistas de Futuro Vegetal detenidos por el acto vandálico en la sala de ‘Las Majas’ del Museo del Prado. “Cuando el caso pase a instancia judicial, defenderemos los derechos y el patrimonio común”, han señalado fuentes del museo a Europa Press.
Estas mismas fuentes han recordado que “la vida” del museo está “enmarcada en la normalidad” después del ataque del pasado sábado. “Cuatro horas después del acto vandálico ya estaban abiertas las salas. Es una acción que buscaba la notoriedad mediática y el museo sigue con su día a día”, han añadido.
El Museo del Prado ha confirmado que el pasado domingo emitió “de manera excepcional un directo en Instagram –habitualmente programado de 9.50 a 10.00 horas de lunes a viernes– para “trasladar un mensaje de tranquilidad”. Este vídeo ha recibido más 115.000 visitas y 21.000 likes (el número de likes habitual está entre los 4.000 y 7.000).
De hecho, ese mismo sábado el museo recibió a 8.144 visitantes y el día siguiente, domingo, a 6.975 personas, cifras similares a las obtenidas en las últimas semanas –el museo viene recibiendo una cifra de 55.000 visitantes semanales–.
Mientras, el despacho Gallego y Sánchez Rollón Abogados ha sido contratado por un grupo de ciudadanos para ejercer la acusación popular contra los dos activistas ecologistas detenidos.
El responsable del despacho, Javier Gallego, ha asegurado que ejercerá esta acusación “en nombre de un nutrido grupo de ciudadanos”. “Entendemos que estamos ante presuntos delitos de daños, alteración del orden público y contra el patrimonio”, ha explicado el abogado.
Gallego y Sánchez Rollón Abogados ha señalado que esta semana solicitará, en nombre de la acusación popular, el acceso a la causa judicial y pedirá que investiguen “no solo a los ejecutores, también a quienes los financian”.
“Mis clientes quieren actuar en defensa del patrimonio con toda contundencia y han solicitado que pidamos medidas cautelares contra estos activistas, tanto económicas como personales: fianza, alejamiento y prisión provisional”, ha señalado el abogado.
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