MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a diversos juzgados contencioso-administrativo que las resoluciones dictadas por la Delegación de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (AEAT) relativas a un presunto fraude que asciende a 355 millones por parte de entidades que compraron capital de la compañía sanitaria IDCSalud deben remitirse a la jurisdicción penal para que se investigue por posibles delitos contra la Hacienda Pública.
Responde así a varios recursos presentados en hasta siete procedimientos abiertos por posibles actividades delictivo-tributarias que tienen su origen en transmisiones societarias de entidades del sector de la sanidad privada, de las que conoce la Fiscalía Anticorrupción.
En una nota recogida por Europa Press, el Ministerio Público señala que el objeto común de esos procesos contencioso-administrativos es el de impugnar diferentes resoluciones dictadas por la AEAT relativas a liquidaciones provisionales vinculadas al delito contra la Hacienda Pública, con regularizaciones por Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Sociedades.
Esas liquidaciones se habrían realizado como consecuencia “de actividades de participación simulada de entidades con ocultación del verdadero sujeto pasivo, ausencia de retenciones por ingresos a cuenta, ocultación de funciones de gestión de inversiones y minoración artificial de la tributación sobre parte de los rendimientos de trabajo percibidos”.
La nota de la Fiscalía explica que la inspección de Hacienda sobre determinadas sociedades, particulares y fondos de capital riesgo radicados en las Islas Caimán pertenecientes al Grupo CVC –empresa dedicada al capital-riesgo– tiene su origen en la inversión que hacen en la entidad española IDCSalud (antigua Capio Sanidad), tras la transmisión de ésta a la entidad Helios Healthcare SL (del grupo alemán Fresenius).
Apunta que esa transmisión se llevó a cabo en enero de 2017 a través de la participación en capital y en instrumentos de deuda, así como utilizando para tal fin una cadena de sociedades constituidas en Luxemburgo y Países Bajos. Y añade que se declaró ante Hacienda una base imponible de 2.877 millones de euros y una cuota íntegra de 0€ como consecuencia de la aplicación del convenio de doble imposición entre España y los Países Bajos.
UNA DEUDA DE 369 MILLONES
Tras la inspección, Hacienda estimó que la cuota defraudada por los diferentes responsables y conceptos asciende a la suma total de 355 millones de euros y que la deuda resultante es de 369 millones de euros.
La Fiscalía interesa además desestimar los recursos presentados por los responsables contra las resoluciones de la AEAT, que señalaban que no procedía recurso o reclamación en vía administrativa.
Entiende que no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados por la investigación de Hacienda porque los juzgados de lo penal pueden examinar las irregularidades y vulneraciones que dicen haber sufrido en el procedimiento administrativo que da origen a las resoluciones recurridas.
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