MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Nicaragua ha aprobado este martes una normativa que deja en manos del Ministerio del Interior la regulación de actividades o espectáculos artísticos, un movimiento que se ha interpretado como otra nueva medida en el marco de la campaña represiva del Ejecutivo liderado por Daniel Ortega.
Según el diario oficial ‘La Gaceta’, la llamada ‘Normativa para la regulación de productores, promotores y organizadores de actividades, eventos o espectáculos artísticos’ detalla una serie de requisitos a cumplir establecidos por el Ministerio del Interior.
El Ministerio se encargará de regular, verificar y supervisar las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de estas organizaciones. En caso de incumplir la normativa, se aplicarán “las sanciones que correspondan”, reza el decreto.
En concreto, en las actividades deberá detallarse el número de personas que participan, el responsable de la actividad, la hora e inicio del evento, así como otros datos, como los vehículos utilizados o los datos de los promotores, entre otras.
Asimismo, las organizaciones tendrán que solicitar una autorización “con al menos 30 días de anticipación” y deberán contar con el permiso de la Policía Nacional, mientras que también tendrán que inscribirse en el Registro Único.
La medida viene a copiar la ya existente Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro, que deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación, en quien recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos.
En los últimos tres años, el Gobierno ha cancelado al menos 30 universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA), uno de los focos de los manifestantes opositores desde el estallido de las protestas en 2018, cuando murieron alrededor de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tanto la oposición como la comunidad internacional han alertado de la creciente presión sobre organizaciones independientes, si bien las autoridades de Nicaragua han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.
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