MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recordó este miércoles a los usuarios que estos días sufran un retraso o la cancelación de su viaje que las compañías que ofrecen el servicio tienen la “obligación” de proporcionarles información “adecuada, pertinente y oportuna sobre la situación mientras dura la espera”.
Así lo precisó el gabinete de Pablo Bustinduy en el marco de una campaña lanzada en sus redes sociales coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa y en la que, bajo el lema ‘De vacaciones, llévese sus derechos’, puntualiza que la información “es un derecho” e insta a aquellos viajeros que consideren que no se han “respetado” sus “derechos” a “reclamar” a la compañía prestataria.
En el caso de recurrir a los servicios de una agencia para contratar un viaje, el departamento de Bustinduy aconseja “comprobar” que está adherida al Sistema Arbitral de Consumo, así como solicitar el programa del viaje y “toda la información del contrato” y conservar “siempre toda la documentación”.
Junto a ello, para quienes deseen alquilar un vehículo para desplazarse, ya sea a la propia compañía, a través de una agencia u otras empresas intermediarias, directamente o en páginas especializadas de Internet, recomienda “tener en cuenta” que el precio anunciado del alquiler “debe incluir todos los cargos obligatorios”.
En paralelo, urge a “exigir” que “todos los defectos detectados sean anotados detalladamente” y hace hincapié en que, si el usuario recibe un vehículo de categoría inferior a la prevista, “el precio debe reducirse”.
Además, aporta información relacionada con la contratación de viajes al extranjero, la realización de compras, el uso de piscinas o la visita a playas y reitera a los consumidores que, de no estar “conformes” con el servicio recibido, pueden “hacer valer” sus derechos utilizando las hojas de reclamaciones o presentando una queja en los Servicios de Consumo de las comunidades autónomas, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor de los ayuntamientos, las asociaciones de consumidores, las Juntas Arbitrales de Consumo o los tribunales de justicia.
Por último, Consumo subraya que dicha reclamación “no sólo contribuye al beneficio del ciudadano, sino a la mejora de los servicios”.
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