MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo de México ha ordenado a la Fiscalía investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada ‘Guerra Sucia’, que tuvo lugar a finales de la década de 1970 y principios de 1980 y en la cual el Estado, ante la intensificación de acciones de guerrillas, emprendió una “represión”.
La Primera Sala del Tribunal, que ha abogado por dar prioridad al acceso a la justicia de las víctimas, ha otorgado así el amparo y protección a cuatro mujeres que denunciaron haber sido detenidas y torturadas por diversos servidores públicos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (FDS).
Las denunciantes son las hermanas Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, así como Flavia Nava Cabañas, familiares del destacado guerrillero conocido como Lucio Cabañas Barrientos, que era maestro normalista, informa el portal de noticias mexicano Animal Político.
El caso ha llegado al Supremo después de que en enero de 2022 el Ministerio Público determinara que no ejercería la acción penal con el pretexto de que los delitos habían prescrito. Tras ello, el Supremo ha ordenado informar al juez cada dos meses sobre cómo avanzan las investigaciones y ha otorgado un plazo no mayor a doce para determinar la averiguación previa.
“En efecto, la decisión de no ejercer acción penal bajo el argumento de que, a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ‘Guerra Sucia’ les son aplicables las figuras de prescripción, atipicidad e irretroactividad, se traduce en una transgresión al derecho a la verdad”, ha señalado.
El alto tribunal ha remarcado que la prohibición de crímenes de lesa humanidad implica la obligación estatal de investigar y sancionar dicha conducta, razón por la que las figuras que impidan o limiten dicha finalidad no pueden ser utilizadas, dando así prioridad al acceso a la justicia de las víctimas de dichos actos contrarios a la dignidad humana”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó en un informe que durante este periodo se desarrolló un enfrentamiento entre organizaciones civiles y fuerzas de seguridad en el que se constataron al menos 275 casos de personas víctimas de detención ilegal, tortura e, inclusive, desapariciones forzadas por parte de servidores públicos de distintas dependencias públicas del país.
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