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El martes próximo el Congreso decidirá si considera una ley para hacer más equitativo el copago de los dependientes

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MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Congreso debatirá el próximo martes 8 de octubre la toma en consideración de la proposición de ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para que haga más justo el copago para los beneficiarios del sistema de Dependencia, según el orden del día del Pleno recogido por Europa Press.

Se trata de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en la que reclaman que la capacidad económica del beneficiario, el patrimonio, la edad o el momento vital de aparición de la situación de dependencia se tenga en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. En concreto, fue en 2015 cuando la organización consiguió unas 740.000 firmas para presentar en la Cámara Baja la iniciativa.

La proposición de ley también quiere dejar exentos de copago a aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.331 euros al mes; que la participación en el coste de los servicios supere el 60%, y que se garantice al menos una cantidad mínima para gastos personales no inferior al del 40% del IPREM correspondiente, es decir, de su capacidad económica.

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Con esta medida quieren evitar que personas dependientes sean expulsadas del sistema por no poder afrontar este copago. Además, reclama que la capacidad económica del beneficiario se tenga también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.

Asimismo, quiere que los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participen en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y exclusivamente su capacidad económica personal.

A juicio de la iniciativa, con estas medidas se eliminan “trabas de importancia” que “robustecen” el carácter de derecho subjetivo y que amplían el universo de personas que en situación real de necesidad podrán acogerse a sus prestaciones y servicios.


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