El Gobierno sursudanés niega que dichas tropas estén sobre el terreno, en medio de las tensiones en el Gobierno de unidad
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El jefe del Ejército de Uganda, Muhoozi Kainerugaba, ha asegurado este martes que Kampala ha enviado a miembros de sus fuerzas especiales en la capital de Sudán del Sur, Yuba, para respaldar al presidente del país, Salva Kiir, ante el aumento de las tensiones y el riesgo de colapso del acuerdo de paz firmado en 2018.
“Hace dos días, nuestras unidades de las fuerzas especiales entraron en Yuba para garantizar su seguridad”, ha dicho Kainerugaba, hijo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, a través de su cuenta en la red social X. “Debemos proteger todo el territorio de Sudán del Sur como si fuera el nuestro”, ha agregado.
Así, ha subrayado que las Fuerzas Armadas ugandesas “sólo reconocen a un presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir” y ha agregado que “cualquier acción contra él supone una declaración de guerra contra Uganda”. “Los que cometan ese crimen aprenderán lo que significa”, ha amenazado.
Uganda ya desplegó a sus fuerzas en Yuba tras el estallido de la guerra civil en 2013, cuando respaldaron a las tropas leales a Kiir frente a las fuerzas del antiguo líder rebelde y actual vicepresidente primero, Riek Machar. Posteriormente, las desplegaron de nuevo en 2016 ante un repunte de los combates.
Sin embargo, el portavoz del Gobierno sursudanés, Michael Makuei, ha negado que Uganda haya desplegado a estas fuerzas en Yuba. “Esas fuerzas no están aquí”, ha manifestado, antes de agregar que el jefe del Ejército ugandés “se contradice”, dado que hace poco que Sudán del Sur “era responsable de sus propias crisis”.
Sudán del Sur ha sufrido durante los últimos días un repunte de las tensiones a causa de los enfrentamientos en el condado de Nasir, en el estado de Alto Nilo (norte), entre el Ejército y una milicia local, hechos que han derivado en la detención de varios ministros cercanos a Machar por supuesta relación con los incidentes.
Las autoridades de unidad se han visto sumidas en una crisis por estos combates, especialmente por el arresto de miembros del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) de Machar, lo que ha llevado al partido a denunciar una violación del acuerdo de paz y alertar sobre su posible colapso, lo que podría provocar un nuevo estallido de hostilidades a gran escala.
INCIDENTE CON UN HELICÓPTERO DE LA ONU
En este contexto, el SPLM-IO se ha distanciado de las acusaciones contra el grupo tras el ataque armado perpetrado el viernes contra un helicóptero de la la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) cuando estaba llevando a cabo una operación de evacuación en Nasir, suceso que se saldó con la muerte de un miembro de la tripulación y de varios militares que iban a ser sacados del lugar.
El portavoz del Ejército, Lul Ruai Koang, apuntó directamente al partido opositor y a Machar tras el suceso por supuestamente ordenar a sus fuerzas que lograran la liberación de los militares, bajo custodia de la población local, que “los estaba protegiendo desde hacía siete días”, según ha informado la emisora sursudanesa Eye Radio.
En respuesta, el portavoz de la oficina de Machar, Puok Both Baluang, ha sostenido que estas palabras suponen “una total distorsión de los hechos”. “Nos gustaría refutar de forma categórica estas acusaciones infundadas”, ha agregado, en otra muestra de las tensiones internas en el Gobierno de unidad.
Baluang ha hecho hincapié en que las fuerzas del SPML-IO intentaron “cooperar” para “escoltar a los militares a Walgak, desde donde serían trasladados a Wat, la base militar más cercana”. “Sin embargo, declinaron la oferta y optaron por seguir en Buong y esperar a una evacuación a Yuba desde allí”, ha zanjado.
La situación tiene lugar después de que Kiir promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018.
Pese al descenso de la violencia por el conflicto político durante los últimos años, el país ha registrado un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios y sigue sin materializar algunas de las promesas de transición, incluida la de dar por primera vez a la población el derecho a acudir a las urnas para elegir a sus líderes.
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