El tribunal señalará una nueva fecha cuando termine la vista oral de ‘Gürtel’
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha acordado suspender el primer juicio del ‘caso Lezo’, cuyo inicio estaba previsto para el próximo 24 de mayo, por los retrasos provocados por la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia.
En una providencia del pasado viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal explica que la suspensión viene provocada por el solapamiento de esta vista oral con otra que se sigue desde el pasado mes de enero: el juicio al expresidente valenciano Francisco Camps por ‘Gürtel’.
El inicio de la citada huelga ya obligó a suspender la sesión de este juicio prevista para el pasado martes. Fue el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, el que anunció que la sesión no podría arrancar como consecuencia del parón de los funcionarios.
Así las cosas, y “por imposibilidad derivada de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia”, el tribunal volvió a señalar para el próximo 10 de mayo la reanudación del juicio de ‘Gürtel’.
Los magistrados ponen de relieve que la vista oral que tiene a Camps como principal acusado se extenderá más allá del 24 de mayo. Eso hace que no sea “posible simultanear la celebración de ambos juicios al ser cinco magistrados los componentes de la Sección Segunda”.
La Sala ha anunciado que se señalará una cita con el Ministerio Fiscal y los letrados de las acusaciones y defensas en orden a proveer un nuevo señalamiento a la mayor brevedad posible, una vez que termine el juicio de ‘Gürtel’.
LA COMPRA DE INASSA
Este primer juicio del ‘caso Lezo’ se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II (CYII) en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un “sobreprecio” a costa de las arcas públicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, envió a juicio a un total de 22 personas, entre los que destacan los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón.
Para ellos, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.
El Ministerio Público interesa para los otros 20 procesados, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas, así como gestores e intermediarios en la operación, condenas de entre 6 y 7 años de prisión y de entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos.
Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el “sobreprecio pagado por la adquisición” de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, “sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas”.
Durante la fase de instrucción, García Castellón archivó la investigación que se venía siguiendo contra Ruiz-Gallardón, a pesar de que cuando se compró Inassa él era el presidente de la Comunidad de Madrid. También exculpó al ex presidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas separadas de ‘Lezo’, ya que aún no había llegado a la Presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la adquisición de la empresa colombiana.
A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA
Según Anticorrupción, el Canal de Isabel II compró Inassa por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá –Aguas de América (SAA)– como parte de la “expansión internacional” que la empresa pública inició en 2001 en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa.
Para ello, el Canal de Isabel II “utilizó una sociedad vehículo de nueva creación” llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del CYII y, después, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.
Para la Fiscalía, la compra de Inassa estuvo “plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta”, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco.
El resultado habría sido “un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio” para la Comunidad de Madrid.
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