Rechaza la petición de Junqueras de trasferir la fianza al Govern o de paralizar el cómputo de los intereses de demora
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha fijado para el próximo 17 de noviembre, a las 9.00 horas, el juicio al expresidente catalán Carles Puigdemont y a una treintena de excargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior enmarcada en el ‘procés’.
Según ha informado este lunes el órgano fiscalizador, el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento ha convocado para dicha fecha el acto del juicio del procedimiento de reintegro en el que se practicarán los interrogatorios que fueron admitidos en la audiencia previa y se presentarán las conclusiones de todas las partes.
Así se prevé que tras dicho acto el procedimiento se dé por concluido y quede visto para sentencia. El juicio tendrá lugar después de que –en una vista celebrada en diciembre– la consejera Elena Hernáez Salguero desestimara el argumento de la defensa de Puigdemont de que el procedimiento debía suspenderse por su inmunidad como eurodiputado.
En aquella sesión, la consejera acordó la testifical del propio Puigdemont, aunque no a petición de la defensa del dirigente –a cargo de Gonzalo Boye–, sino de otra de las partes como elemento de prueba de cara al juicio.
Fuentes del órgano fiscalizador precisaron entonces a Europa Press que la normativa del tribunal no permitía a la consejera acceder a que un abogado llamase a declarar a su defendido. En este caso, como otra de las partes pidió la comparecencia de Puigdemont, la consejera aceptó que éste declare.
Así, está previsto que el expresidente catalán declare en calidad de testigo y no de demandado, aunque no se especificó si deberá comparecer de forma presencial o si podrá hacerlo vía videoconferencia.
RECHAZA LAS PETICIONES DE JUNQUERAS
Este mismo lunes, el Tribunal de Cuentas ha informado de que la Sección de Enjuiciamiento también ha dictado un auto en el que rechaza las cuatro peticiones alternativas realizadas por la representación procesal del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva y otros siete codemandados.
En concreto, se refiere a la solicitud que realizaron para que la cantidad depositada en garantía de la presunta responsabilidad contable –que fue fijada en fase de actuaciones previas y que asciende a un importe total de 4.146.274 euros– fuese transferida a las arcas de la Generalitat de Cataluña o se le ofreciese en depósito.
Los encausados también pedían que se paralizase el cómputo de intereses de demora desde la fecha en que realizaron las anteriores peticiones por primera vez ante el Tribunal de Cuentas –octubre de 2020– o desde la fecha que la consejera estimase conveniente. El órgano fiscalizador ha desestimado todas estas peticiones.
La decisión adoptada este lunes, sin embargo, es recurrible en apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de su notificación.
LES RECLAMAN 3,1 MILLONES DE EUROS
Con esta respuesta de la consejera y la fecha fijada para el juicio, entra en su recta final el procedimiento en el que la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a la treintena de excargos de la Generalitat de Cataluña –incluidos Puigdemont y Junqueras–.
Cabe recordar que el pasado diciembre, el Ministerio Público rebajó su demanda en 336.143,34 euros toda vez que desistió de reclamar el importe correspondiente a una presunta irregularidad en la campaña ‘Civisme’.
El Ministerio Público modificó la demanda inicial que presentó contra 35 excargos del Govern. Pidió apartar a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull –así como a otras 14 personas– de la lista de posibles responsables contables. Esta petición fue finalmente estimada por la consejera a cargo de la causa.
Así, la Fiscalía rebajó las estimaciones iniciales del Tribunal de Cuentas sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el órgano fiscalizador a 3,1 millones de euros.
Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce también la acusación y que se adhirió al movimiento de la Fiscalía, también rebajó su demanda en dicho importe, por lo que quedó en 5 millones de euros contra 11 ex altos cargos del Govern.
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