Acuerda prorrogar las pesquisas tres meses más, hasta el 29 de octubre
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El juez Alejandro Abascal ha acordado seguir investigando, en el marco del denominado ‘caso Soule’, la gestión de Ángel María Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha pedido a la Intervención General del Estado (IGAE) que amplíe los informes que aportó el pasado mayo sobre un presunto desvíos de fondos y una serie de supuestas irregularidades en las obras de varios campos de fútbol en España.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado de la Audiencia Nacional ha precisado que prorroga el plazo de investigación tres meses más, hasta el 29 de octubre de 2022, ello “sin perjuicio de las prórrogas por periodos iguales o inferiores que puedan acordarse si procede”.
El Juzgado Central de Instrucción Número 1 lleva meses indagando hechos que podrían ser constitutivos, entre otros, de delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, corrupción entre particulares y contra la Hacienda Pública.
No es la primera vez que se amplía el plazo en esta investigación. En julio del año pasado, se acordó prorrogar el plazo por seis meses. En enero de 2022, se extendió tres meses más, hasta abril, cuando se amplío nuevamente.
Según consta en el auto, en esta ocasión, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, La LIGA Nacional de Fútbol Profesional y la RFEF han pedido que se extienda el periodo de investigación.
El juez Abascal ha explicado que en este caso resultaba “evidente” la “imposibilidad” de finalizar las pesquisas antes del 29 de julio, dado que “quedan diligencias pendientes de ejecución, que escapan del ritmo de trabajo de este órgano judicial, por lo que resulta razonable y realista ampliar tres meses más” el caso.
En este sentido, ha incidido en que la investigación llevada a cabo hasta ahora ha motivado la práctica de “numerosas” declaraciones de imputados y testigos. Ha recordado, además, que se han ordenado diversos informes periciales cuya complejidad conlleva que aún no hayan podido ser finalizados y se ha recabado nueva documentación que ha sido trasladada a la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria.
INFORME DE LA IGAE
Al hilo, el juez ha hecho referencia al informe pericial remitido por la IGAE y ha acordado su ampliación. En uno de esos documentos, la Intervención pone el foco en la financiación parcial por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) de las obras de remodelación de los campos de fútbol municipales de Tanos, en Torrelavega.
En concreto, el CSD realizó dos ingresos a la RFEF en 2014 y era esta última la que se encargó de realizar el pago correspondiente. Así las cosas, la entidad presidida por Villar abonó a la Federación Cántabra de Fútbol (FCF) la subvención por valor de 210.000 euros para los citados campos. Ésta, a su vez, concedió la ayuda al Ayuntamiento del citado municipio, aunque la IGAE llama la atención sobre el hecho de que tardase dos años en realizar la transferencia.
Según apuntan, la FCF no utilizó los fondos de la subvención a los fines para los que fue concedida. “Por el contrario, ha quedado acreditado que en un plazo de apenas siete meses desde que percibió la subvención, consumió la práctica totalidad de los fondos de la subvención (en torno a 208.000 euros) para fines distintos a aquellos para los que fue concedida”, explica el informe.
Además, a pesar de que la FCF señalase que devolvió la subvención, los peritos afirman que eso “no es cierto”. “Puesto que esa devolución corresponde a una operación de préstamo completamente ajena a la subvención”, concluyen.
En el informe figuran también los casos de presuntas irregularidades en la financiación de campos de fútbol en Las Palmas de Gran Canaria, en Cáceres y en Melilla.
Asimismo, la IGAE advirtió en su pericial que la RFEF favoreció, entre 2009 y 2013 y luego en 2015, el uso “discrecional” de fondos públicos procedentes de la recaudación por apuestas deportivas al no haber fijado criterios objetivos para la selección de actuaciones y obras a subvencionar.
Según explicó, consta una “notoria discrecionalidad en la distribución de los fondos”. Los peritos precisaron, sin embargo, que “del análisis realizado con la información disponible” no puede inferirse una “intencionalidad en la mayor asignación a unas Federaciones en comparación con otras”.
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