Considera que no se puede “extender” la “responsabilidad” de los máximos directivos a los exconsejeros de la entidad
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional que investiga la ampliación de capital del Banco Popular de 2012 ha rechazado imputar a los miembros del Consejo de Administración en el momento de realizarse la operación al entender que no se puede “extender” la “responsabilidad” de los máximos directivos de la entidad a “la totalidad de los miembros” del propio Consejo.
En una diligencia del pasado 16 de diciembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acuerda, después de recibir informe de Fiscalía, que “no procede que se tome declaración como investigados” a las personas propuestas por la representación de Miguel Ángel Pereira, que representa a cerca de 50 personas que perdieron su dinero en la ampliación de capital.
Fue en un escrito presentado el pasado 2 de diciembre, recogido por esta agencia de noticias, en el que Pereira ampliaba su querella inicial y solicitaba al magistrado que llamase a declarar como investigados a un total de 18 consejeros y a tres exdirectores generales del banco: el de Riesgos, el de Morosidad y el de Control y Auditoría.
“Todos ellos, según las propias cuentas anuales del ejercicio 2012, tenían facultades, competencias y dirigían, bajo la jerarquía de sus superiores, los departamentos responsables de la información contable y financiera del banco”, asegura la representación de Pereira en alusión a estos tres últimos.
Y, con respecto a los que fueran miembros del Consejo de Administración, considera que “todos ellos elaboraron, fabricaron y falsearon efectivamente las partidas, elementos, información y documentación de soporte, así como la contabilidad y estados financieros del banco, divulgados y ofrecidos al mercado y los inversores, con ocasión” de la ampliación de capital de 2012.
SE TRASLADÓ UNA IMAGEN “QUE NO SE CORRESPONDÍA CON LA REALIDAD”
“Todos los miembros del Consejo de Administración votaron a favor de la totalidad de los acuerdos, adoptándose por unanimidad, asumiendo la decisión de trasladar al mercado, a los inversores, la información financiera que se ha demostrado que no se correspondía en absoluto con la realidad, ni con la imagen fiel”, relata el escrito.
En este contexto, apunta que “fueron también todos los miembros del citado Consejo de Administración quienes adoptaron los acuerdos por los que se produjo la contabilización de la fusión por absorción de Banco Pastor”. “Incorporando partidas contables, elementos del activo por cuantías milmillonarias que, posteriormente, se ha evidenciado que eran falsas, inexactas, ofreciendo al mercado y los inversores una información financiera que tampoco se correspondía con la imagen fiel”, añade.
La representación de Pereira amplió en estos términos la querella que fue admitida el pasado mes de junio por el juez Pedraz. En la misma se relata la situación financiera del banco en 2010, 2011 y 2012 y se enumeran los indicios por los que se entiende que se faltó a la verdad en la información dada para la ampliación de capital de 2012.
Hasta la fecha, el instructor ya ha tomado declaración al expresidente de la entidad Ángel Ron y a su vicepresidente Roberto Higuera. Ambos defendieron en sede judicial que el folleto de la ampliación era “claro y transparente” y que todas las operaciones relacionadas con la ampliación se realizaron de forma correcta.
Además, el magistrado también ha interrogado al exdirector general corporativo y de finanzas del banco Jacobo González-Robatto y el expresidente de la Comisión de Auditoría José Ramón Rodríguez, que sostuvieron que la citada ampliación de 2012 fue “un rotundo éxito”.
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