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El juez que está investigando el supuesto espionaje a Podemos ha solicitado a la Policía los informes relacionados con el partido entre los años 2014 y 2016

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MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional que investiga supuestas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial de la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy sobre cargos de Podemos ha pedido a la Policía Nacional que remitan toda la documentación elaborada sobre la formación morada o cualquiera de sus dirigentes entre mayo de 2014 y diciembre de 2016.

En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Santiago Pedraz se dirige a la Dirección General Operativa y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal para que le remitan “cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes” se hayan realizado y que no se vean afectados “por su clasificación como secreto o información reservada”.

En concreto, el instructor se refiere a los documentos relativos a Podemos, la fundación CEPS o una serie de dirigentes, entre los que se encuentran su ex secretario general y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, la exministra Irene Montero, la actual vicepresidenta Yolanda Díaz o la actual secretaria general del partido Ione Belarra.

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El juez incluye en ese listado de personas que se habrían podido ver afectadas por el supuesto espionaje al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y a los exintegrantes del partido Íñigo Errejón, Gloria Elizo, Xavier Domènech o Carolina Bescansa.

El magistrado apunta que, en caso de no cumplimentar el oficio, “se aclare si ello se debe a la declaración de secreto de la investigación referida, aportando el acuerdo del Consejo de Ministros que así lo declara, o a la inexistencia de constancia de expedientes policiales en los términos requeridos, o si existe alguna otra causa que impida el cumplimiento de dicho requerimiento”.

Esta diligencia se enmarca en la causa abierta a raíz de una querella presentada por Podemos contra antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre personas que conformaban aquella organización política.


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