El clan familiar habría dispuesto de más de 4 millones de euros tras defraudar a Hacienda mediante sociedades instrumentales
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha propuesto juzgar al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su hijo Alejo Morodo y a la mujer de este último, Ana Catalina Varandas, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 atribuye a los investigados un delito agravado contra la Hacienda Pública. En el caso del exembajador por el ejercicio de 2014, a su hijo por los años de 2013 y 2014 y a su nuera por los ejercicios de 2013, 2014 y 2017.
Esta decisión del instructor llega después de que acordase la creación de una pieza separada en el denominado ‘caso Morodo’, un movimiento que acercaba al banquillo al exembajador y su círculo familiar. Fue la Fiscalía la que solicitó la formación de la citada pieza para que se pudiera así continuar con los trámites del procedimiento abreviado, como finalmente ha ocurrido.
Con ello, el juez pretendía adelantar el enjuiciamiento, por separado, de unos hechos delictivos que –tras ser investigados en el seno de unas diligencias previas– “no deben aguardar o demorarse hasta que se complete la instrucción con relación a otros hechos delictivos u otras personas que pueden ser objeto de indagación separada”.
En su auto, dictado este mismo lunes, el magistrado explica que Alejo Morodo se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y, para defraudar a Hacienda, decidió interponer tres sociedades para evitar el considerable desembolso que le supondría tributar a través del IRPF.
LOS EJERCICIOS DE 2011 Y 2012, PRESCRITOS
De esta manera, detalla el instructor, tributó las rentas a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor. Parte de las ganancias obtenidas a través de estas empresas interpuestas se integraron en el patrimonio de su padre, Raúl Morodo, que las habría ocultado a la Hacienda Pública.
El juez explica que, entre 2007 y 2014, Alejo Morodo inició “una aparente relación contractual con PDVSA a través de dos de sus sociedades para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional por los que estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6.696.221 euros de los que percibieron 3.996.000 euros en los años 2013 y 2014”.
De los ingresos percibidos en 2013 y 2014 – un total de 4.463.832,84 euros– a través de estas sociedades instrumentales Alejo Morodo dispuso, según explica el juez, para su consumo personal y familiar, de un total de 4.105.862,56 euros. Así, y con el fin de reducir fraudulentamente su carga fiscal, tributó esas cantidades con el menor tipo impositivo que le ofrecía el impuesto de sociedades.
El magistrado detalla que de los ingresos percibidos a través de estas sociedades instrumentales también se benefició su padre, el exembajador en Venezuela, que recibió 357.970 euros y los integró en su patrimonio, ocultándolos a la Hacienda Pública.
Con todo, el instructor aclara que lo hechos investigados relativos a los ejercicios fiscales de los años 2011 y 2012 estarían prescritos.
Por otro lado, el juez Abascal acuerda el archivo de la causa para la esposa de Raul Morodo, Cristina Cañeque, y su empresa MS TRADING S.L. al considerar que no hay motivos suficientes que acrediten su participación en el delito contra la Hacienda Pública investigado.
EL ‘CASO MORODO’
Estas decisiones se enmarcan en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, y que tiene su origen en la querella que la Fiscalía presentó en enero de 2019 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública contra Raúl Morodo, su hijo y otras personas físicas y jurídicas vinculadas a ambos.
En aquel escrito se señalaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada Gómez y a Juan Carlos Márquez Cabrera (que falleció durante la investigación), y contra otras personas físicas y jurídicas de su entorno familiar y empresarial.
Las pesquisas iniciales se centraron en los más de 4,5 millones de euros que Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) “carentes de justificación real y lógica comercial”.
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