La Guardia Civil apunta a nueve exjefes de la banda por haber dado las “órdenes oportunas” para su muerte
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha pedido a las partes que se pronuncien sobre si creen o no “conveniente” una prórroga, de seis meses o menos, en la investigación por el asesinato del juez Francisco Querol el 30 de octubre de 2000 en Madrid a causa de la explosión de un coche bomba, en un atentado por el que se investiga a la antigua cúpula de ETA.
En una diligencia de ordenación de este martes, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 da tres días de plazo a las partes personadas en la causa para que muestren su parecer acerca de si quieren que se extiendan unos meses más las pesquisas sobre el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo.
Fue en diciembre de 2021 cuando Pedraz dio curso a una querella de Dignidad y Justicia que busca esclarecer el atentado, en el que además de Querol, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero, y un conductor de la EMT llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.
El juez acordó en un auto tomar declaración a casi una docena de exdirigentes etarras, entre ellos María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’; Javier García, ‘Txapote’, e Ignacio Miguel Gracia, ‘Iñaki de Rentería’, por el asesinato de Querol, que contaba con 69 años.
UNA ESTRATEGIA “COLEGIADA”
El magistrado recibió el pasado mes de noviembre un informe en el que la Guardia Civil identifica a ‘Iñaki de Rentería’, ‘Mikel Antza’, ‘Txapote’, ‘Jon’, ‘Baltza’, ‘Willy’, ‘Ramuntxo’, ‘Anboto’ y ‘Olga’ como miembros de la cúpula terrorista que dio las “órdenes oportunas” para matar al juez Francisco Querol y a otras dos personas.
A lo largo de 307 páginas, el Instituto Armado sitúa a estos nueve exdirigentes de ETA como miembros de su “máximo órgano de dirección” en esa época que “habrían participado en el diseño, dirección, seguimiento, facilitación de medios e impartición de las órdenes oportunas para la materialización de la acción terrorista”.
La Guardia Civil enmarca el asesinato de Querol en la nueva estrategia acordada en 1997 “de forma colegiada” por la dirección etarra de iniciar una serie de atentados contra jueces, magistrados y fiscales, tras la caída en 1992 de la cúpula de ETA en Bidart (Francia).
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