Compró datos exfiltrados en ese ataque que afectan a 1.067 contribuyentes
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional para un hombre de 25 años, detenido el martes en Dos Hermanas (Sevilla), en relación con el ataque informático al Punto Neutro Judicial (PNJ) de octubre del año pasado. Se trataría del mayor comprador de datos obtenidos en el ‘hackeo’, una información que era utilizada por el investigado para cometer presuntamente estafas informáticas.
Ésta es la tercera persona arrestada por estos hechos, después de que el magistrado acordara esta misma medida para José Luis Huertas, conocido como ‘Alcasec’, quien estuvo en prisión provisional entre principios de abril y finales de mayo; y para Daniel Baíllo Escarabajal, alias ‘Kermit’, quien se encuentra en la cárcel desde el pasado 1 de junio.
En un auto, el magistrado atribuye a este nuevo detenido, Juan Carlos Ortega, los delitos de revelación de secretos y de estafa, ambos con carácter continuado, tenencia de armas y depósito de armas de guerra y municiones por la escopeta de cañones superpuestos, la pistola y el subfusil de 99 mm, además de numerosa munición, que se le incautaron en el registro de su domicilio el pasado martes.
En su resolución, el juez explica que la investigación ha permitido identificar a la persona que se encontraba detrás de la identidad virtual ‘Lonastrump’, tratándose de Juan Carlos Ortega, quien, utilizando dicha identidad, aparece como el mayor comprador de los datos exfiltrados a partir del ataque a la red de servicios del PNJ.
En concreto, indica, habría adquirido 30 paquetes de datos diferenciados que contenían 15.284 registros con información personal y bancaria de contribuyentes españoles.
1.067 CONTRIBUYENTES AFECTADOS
De acuerdo con la investigación, de esos 15.284 registros comprados por el usuario ‘Lonastrump’ y que afectan a 1.067 contribuyentes españoles, se ha podido acreditar que 20 ciudadanos interpusieron denuncia en dependencias policiales, ascendiendo lo defraudado a 129.096,73 euros.
A nivel económico, según el auto, el total de ingresos en euros de la venta de los datos exfiltrados de la red de servicios del PNJ suponen un total de 39.096,1 euros en solo 11 días, habiéndose comercializado con los datos de 82.018 contribuyentes españoles.
Según explica el juez, La conducta del investigado se enmarca, dice Calama, en una técnica delictiva defraudatoria, consecuencia del desarrollo de las tecnologías y del manejo de la banca y del comercio electrónico, conocida con el nombre phishing y que consiste en el envío masivo a los usuarios de mensajes de correo electrónico, SMS (smishing) o llamadas telefónicas (vishing) en los que los autores solicitan de tales usuarios las contraseñas o datos confidenciales necesarios para operar telemáticamente en las webs bancarias.
Otras veces, continúa, les solicitan que pinchen en algún enlace que les redirecciona a una página idéntica a la oficial de dichas entidades donde los usuarios introducen sus datos. En otras ocasiones introducen virus informáticos capaces de apoderarse de tales claves (pharming).
CLAVES SECRETAS Y CONTRASEÑAS
Explica que los autores de la estafa informática conseguían por todas estas vías hacerse con las contraseñas y claves secretas de acceso de los usuarios a sus cuentas corrientes, y, por lo tanto, acceder ellos mismos a las cuentas, suplantando la identidad de su titular, y ordenando transferencias de sus activos que luego debían ser redirigidos para evitar su seguimiento y localización.
“No existe discusión doctrinal o jurisprudencial alguna en la incardinación en el delito de estafa de la conducta llevada a cabo por los autores del acceso a las cuentas bancarias y su apoderamiento por medio de transferencias no consentidas de sus titulares, como es el caso de Juan Carlos Ortega Guerrero”, destaca.
El juez acuerda la prisión del detenido por el riesgo de fuga que supone la gravedad de las penas a las que se enfrenta, lo que eleva “a cotas máximas” la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la Justicia.
Más aún, teniendo en cuenta, expone el juez, que el investigado dispone de una amplia red de contactos de personas insertas en el mundo delictivo de las tecnologías de la información, así como su facilidad para adaptarse a la vida en otro territorio.
Calama también aprecia el riesgo de destrucción de pruebas ya que de quedar en libertad podría frustrarse la obtención de pruebas referidas a sus actividades ilícitas, así como la investigación de las personas que le hayan ayudado en la comisión de las estafas informáticas.
También considera el instructor que existe riesgo de reiteración delictiva dado que el investigado tiene una amplia red de contactos con otros delincuentes, lo que unido a sus conocimientos en este campo, “facilita enormemente la posibilidad de cometer nuevos delitos de forma rápida y fácil”.
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