MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La documentación entregada por el hotel Sercotel AB Rivas certifica que Sergio B., el brigada de la Guardia Civil investigado por la Audiencia Nacional por colocar presuntamente balizas de seguimiento sin autorización judicial, y su amante pasaron la noche del 21 de abril en la habitación 407 y que el agente abonó la misma a las 19.57 horas.
Así consta en la documentación facilitada por Sercotel AB Rivas al magistrado Santiago Pedraz, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se refleja que el suboficial pagó por esa noche la cantidad de 102 euros.
Se da la circunstancia de que el agente ha sostenido ante el juez que seguía el juego a esa mujer porque sospechaba de su pertenencia a una red de narcotráfico que investigaba su unidad. Y el pago de esa noche de hotel revelaría que si bien en su declaración sostuvo que era una suerte de investigada, en realidad pasó una noche en un hotel con ella.
Cabe recordar que el agente fue imputado por el juez después de que la defensa de un encausado presentara unas grabaciones realizadas por su amante en las que el brigada de la Guardia Civil Sergio B. confesaba que colocó balizas de seguimiento de forma ilegal y que presentó informes sobre vigilancias que nunca se produjeron.
Tras su comparecencia ante Pedraz, en la que sostuvo que lo que fue contando a su amiga íntima eran mentiras y que solo quería seguirle la corriente, el magistrado acordó una batería de diligencias entre las que incluía contactar con el hotel y requerir a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la Policía Municipal de Madrid registros de lectura de la matrícula de una motocicleta en unos días puntuales para saber si el seguimiento que describió el agente a su amante, y que ella grabó, existió.
“EL MÁS ILEGAL DE LOS ILEGALES”
Las grabaciones al brigada perteneciente al Grupo de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid fueron aportadas en el seno de la pieza separada por blanqueo el pasado 20 de junio.
En la transcripción que la defensa hacía de una de esas conversaciones, adelantada por Economist & Jurist y a la que tuvo acceso Europa Press, el agente señalaba en un momento dado a su amiga que una baliza que había colocado era “ilegal”. “Yo soy el más ilegal de los ilegales”, reconocía para luego apuntar que, incluso, llegaron a grabar interrogatorios a detenidos en los traslados en el propio coche policial.
El escrito de la defensa denunciaba que esas vigilancias sobre los investigados no se efectuaron, y lo acreditaban señalando que mientras las actas ubican a los agentes de ese grupo al que pertenecía el brigada en seguimientos de este caso, “en realidad se encontraban en su unidad realizando gestiones relacionadas con el (caso) 8-M”. Y lo acreditaba aportando metadatos de correos electrónicos y de impresoras utilizadas, así como citaciones para testigos firmadas por agentes de esa unidad.
La defensa explicaba que el origen de los audios captados al entonces sargento se encuentra en las grabaciones de la mujer con la que mantuvo una relación sentimental de meses y que, “casualidad inesperada”, resultó ser amiga también de uno de los investigados en la AN. Dado que vio que las ilegalidades que le contaba el sargento afectaban a su amigo, y puesto que le había grabado y guardaba conversaciones de Wahtsapp, lo puso en conocimiento de este último y le manifestó que estaba dispuesta a colaborar en la investigación.
La defensa, que envió los audios a Pedraz, consideraba que la causa que se pudiera seguir contra el suboficial de la Guardia Civil no se debería ventilar en la Audiencia Nacional, pero añade que dado que esos informes “falsos” elaborados por los agentes surten efecto en la causa que se sigue en la AN, “la aportación de la prueba de su mendicidad y de las prácticas ilegales (…) resulta un elemento indispensable para la toma de decisiones judiciales” en el procedimiento.
Recordaba además que, incluso antes de que en esa grabación el agente confirmara la existencia de balizas ilegales en vehículos, ya fueron detectadas por “múltiples investigados” y llegó a ser objeto de una querella.
Y añadía que en atestados incluidos en la causa existen “graves incoherencias” tales como afirmar en un acta de vigilancia que una persona era titular de un vehículo cuando no lo fue hasta meses después. “Claramente pone de manifiesto que la vigilancia no se realizó y que su falsa acta se redactó –con suma torpeza– a posteriori”, explicaba.
LA FISCALÍA Y EL JUEZ
En el marco de estas pesquisas, la Fiscalía Antidroga solicitó recientemente al juez que envíe a los juzgados de Madrid la investigación contra el agente por no constituir un delito de los previstos en el 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por lo que no es competencia de la Audiencia Nacional.
Por el momento, Pedraz no ha tomado una decisión al respecto, si bien sí que ha señalado que rechaza la petición de una de las defensas de los investigados por la operación contra el narcotráfico Águila-Frazen que solicitaba que se produjera un cambio de investigadores tras lo desvelado en las grabaciones al brigada.
En una providencia de 4 de octubre a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado sigue así el criterio de la fiscal del caso que entendía que no procede porque “con independencia de los hechos” que se le atribuyen al agente, “no significa ni que tal conducta deba darse por probada, ni mucho menos puede hacerse extensiva al resto de los miembros de la unidad”.
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