MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha vuelto a pedir a los juzgados de Madrid que investiguen si la exasesora de Podemos Dina Bousselham cometió un presunto delito de falso testimonio después de constatar que la denuncia inicial que remitió a la sede judicial en septiembre se extravió.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha enviado nuevamente la denuncia, en la que solicita a los tribunales madrileños que investiguen a Bousselham a raíz de su declaración como testigo en la pieza del ‘caso Tándem’ sobre el recorrido que tuvo su tarjeta telefónica desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en la prensa.
Fue el pasado mes de septiembre cuando el magistrado admitió la solicitud que presentó la Asociación de Juristas Europeos ProLege, en la que se pedía que se dedujera testimonio contra Bousselham y su pareja, Ricardo Sa Ferreira. Así, consideró pertinente remitir el caso a los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
En 23 folios, el instructor también acordó pedir a los Juzgados de Alcorcón (Madrid) que investigasen si la exasesora de Pablo Iglesias cometió un presunto delito de acusación y denuncia falsa y/o delito de simulación del delito.
Sin embargo, el juez de Alcorcón Agustín Carretero –al que por reparto le tocó estudiar este asunto– acordó devolver el caso a la Audiencia Nacional al concluir que si se deducía que Bousselham mintió en sede judicial y en sede policial “siguiendo” una “estrategia” lo que correspondía es que ambas cosas se investigasen como un todo y no por separado.
El Juzgado que dirige Manuel García Castellón aclaró entonces al juez de Alcorcón que debía ser él mismo el encargado de remitir el asunto a los juzgados madrileños si consideraba que eran estos los que debían hacerse cargo de este caso.
Cabe recordar, además, que la Sala de lo Penal de la AN ordenó el pasado mes de septiembre al juez que reabriese esta pieza de ‘Tándem’ para esclarecer si la cúpula policial estuvo implicada en alguna medida en el robo del teléfono móvil en 2015 de la entonces asesora de Iglesias y en la posterior difusión de su contenido.
LAS DUDAS DEL JUEZ
El propio magistrado ya puso de relieve las contradicciones apreciadas en las declaración de los testigos Dina Bousselham y Ricardo Antonio de Sa Ferreira en la exposición razonada elevada a la Sala Penal del Tribunal Supremo el 7 de octubre de 2020, cuando pidió que se investigara al exlíder de Podemos Pablo Iglesias.
García Castellón indicó en 2020 que, aunque no ponía en duda que la publicación de las imágenes pudiera resultar una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de Bousselham, sí dudaba de la actuación de la defensa de Bousselham.
Aseguró que el equipo jurídico había hecho una “simulación” y un “uso torticero” de la justicia por “haber procedido por la vía penal con un claro objetivo de perjudicar” al medio en el que se publicó la información y “sabiendo que no existía conexidad entre las imágenes publicadas por el digital y los hechos del 1 de noviembre de 2015”, cuando tuvo lugar la presunta sustracción.
Al hilo, el juez aseguró que la actuación procesal de los letrados evidenciaba una “incoherencia entre lo que se aparentaba denunciar y lo que realmente se pretendía realizar”.
LA NEGATIVA DEL SUPREMO
El instructor insistió en que Iglesias, aforado por su entonces condición de diputado, instó a los servicios jurídicos de Podemos a presentar la denuncia por la sustracción de los efectos de Dina y su posterior publicación. A su juicio, sin embargo, la realidad era que el dirigente “no pretendía esclarecer ni un delito de hurto ni un delito de revelación de secretos, sino solo actuar contra el digital”.
“El señor Iglesias sabía de antemano que ni había hurto, ni conexión entre la sustracción y la publicación, ni delito de descubrimiento y revelación de secretos, pues había visto el contenido de la tarjeta y la tenía en su poder”, señaló el juez, quien insistió en que “por eso probablemente meses después se la devolvió a su propietaria inservible; porque sabía que ella era el origen de la publicación”.
Por estos hechos, García Castellón propuso al Tribunal Supremo que investigara a Iglesias, alegando que “la única explicación posible” era que la tarjeta telefónica resultara dañada mientras estaba en su poder, a donde llegó tras ir de mano en mano.
El magistrado planteó que el entonces líder de Podemos fuera investigado por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito, pero el Supremo lo rechazó.
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