Amplía las pesquisas para poder analizar la “ingente documentación” remitida por Guatemala
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El juez del ‘caso Villarejo’ ha imputado a cinco nuevas personas al tiempo que ha acordado seguir investigando al menos seis meses más ‘Pit’, la pieza relativa al presunto encargo de los navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que evitara la extradición del primero a Guatemala.
En un auto de este martes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, justifica su decisión de prolongar esta línea de investigación hasta el próximo mes de enero por la “ingente documentación” recibida por parte del país centroamericano.
Así, el instructor accede a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito dirigido al Juzgado apuntaba a “la complejidad” de un procedimiento que afecta al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti además de a “un gran elenco” de altos cargos del país.
Pero, además de tiempo para analizar toda esa documentación, el Ministerio Público también instaba la prórroga a fin de poder tomar declaración a los nuevos investigados, a los que se atribuyen supuestos delitos de cohecho.
Entre los mismos se encuentran José Luis López Lavín, que figura como administrador de una sociedad; Juan Miguel Madoz, otro administrador; Miguel López, que habría firmado una factura a Villarejo; Domingo Aguilera, un supuesto colaborador del comisario jubilado; y Antonio Martínez, que habría enviado los justificantes de las transferencias a CENYT, el grupo empresarial de Villarejo.
EL PAPEL DE LOS NUEVOS INVESTIGADOS
López Lavín, según la Fiscalía, figuraba como administrador de Desarrollos Empresariales Adessan, que “recibió directamente desde las cuentas bancarias de la sociedad A.Pérez y Cía un total de 5.121.567,87 euros”, tal y como “habían acordado con los hermanos Pérez Maura” Villarejo y su socio, el empresario Adrián de la Joya.
“De modo análogo, figura como destinataria de cuatro transferencias sospechosas por un importe total de 72.600 euros la mercantil The Cell Core S.L., cuyo administrador único era Juan Miguel Madoz”, detalla Anticorrupción.
A su vez, continúa, también se ha tenido constancia de una factura firmada por Miguel López en cuyo concepto figuraría ‘honorarios por colaboración en Proyecto P&Cía’ por un valor de 181.500 euros. La mercantil que emitió ese documento, explica la Fiscalía, estaría administrada por Miguel López, y en ella figuraba como apoderado Domingo Aguilera, “a quien se le atribuye ser colaborador” de Villarejo.
Respecto a este último, el Ministerio Público detalla que “se trata de un experto en el mercado inmobiliario que colaboró” con el ahora comisario jubilado entre 2010 y 2013, “en los que habría ejecutado una operativa de blanqueo de capitales en Centroamérica”.
“Por último, se ha tenido constancia de que Antonio Martínez era la persona que, desde la mercantil A.Pérez y Cía, enviaba a CENYT los justificantes de las transferencias ordenadas desde una cuenta” origen de los pagos recibidos por la empresa de Villarejo “a cuenta del proyecto ‘Pit'”.
Por otro lado, el magistrado insiste en que, si no se prolongase la investigación, “se cercenaría su derecho de defensa”. Esto es así, explica, porque si se acuerda la práctica de su declaración y no se prorroga la instrucción “se limitarían sus posibilidades defensivas, puesto que se les abocaría a una situación de indefensión”.
García Castellón, además, no deja escapar los “poderosos argumentos” de la Fiscalía, “que se basan en el carácter internacional de los hechos, en la dificultad para hacer el acopio de todos los indicios documentales, en la necesidad de su profundo estudio y en la magnitud” de todos esos archivos.
LA PIEZA ‘PIT’
El punto de partida de esta pieza separada del ‘caso Villarejo, denominada ‘Pit, se sitúa en 2016, cuando Guatemala solicitó a España la entrega de Pérez Maura, acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios del país iberoamericano, incluidos el ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.
De acuerdo con el relato judicial, los Pérez Maura habrían acudido entonces a Villarejo para que frenara la extradición de Ángel. Por este encargo, bautizado como ‘Pit’, el grupo empresarial del entonces comisario, CENYT, se habría embolsado 7,4 millones de euros.
En un principio, la investigación española se centró en ‘Pit, pero cuando la Audiencia Nacional rechazó en 2018 la extradición de Pérez Maura a Guatemala por ser ciudadano español abrió la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban.
En respuesta, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 asumió en abril de 2021 la causa dirigida en el país latinoamericano contra Pérez Maura por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho para concluir la fase de instrucción y, en su caso, proceder a juicio.
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