Solo indagará en lo relacionado con el caso aunque albergan información sobre el golpe de Estado del 23-F, los GAL o ETA
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Tándem’, Manuel García Castellón, ha acordado que la Unidad de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Información proceda a la digitalización de las microcintas, CDs y disquetes que fueron intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo en su domicilio en noviembre de 2017 y que albergarían información de los 70, 80 y 90 sobre asuntos como el golpe de Estado del 23-F, los GAL o ETA.
Así lo deja por escrito en un auto con fecha de 31 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que apunta que hasta la fecha de esa caja de cintas –archivadas en el juzgado como evidencia BE38– sólo se ha hecho un reportaje fotográfico en 2020. Ahora quiere copias forenses de cada una de esas microcintas así como su registro y análisis.
En la parte dispositiva del auto, el juez le da a la unidad encargada de ese clonado un mes –aunque añade que es prorrogable–, que empieza a contar desde el desprecinto de la caja de seguridad que las contiene. Y advierte de que en la diligencia de apertura de la evidencia estará presente en todo momento un letrado de la Administración de Justicia para “acreditar la correcta determinación de la cadena de custodia de los efectos informáticos intervenidos”.
Se da la circunstancia de que el magistrado en junio de 2022 tuvo que suspender una declaración judicial de Villarejo al no encontrar la llave que abría esa caja de seguridad donde se guardan las microcintas.
Ahora, con este desprecinto el juez pretende avanzar en la investigación, en el marco de la pieza 31 del caso, y por eso acuerda sólo el estudio de las copias que puedan tener documentación “relacionada directamente con los hechos objeto de investigación en la presente causa”.
“En el supuesto de que en el curso de la diligencia se descubrieran hechos nuevos que pudieran ser constitutivos de infracción criminal distinta a la que es objeto de la autorización, deberá comunicarse inmediatamente a la autoridad judicial, al objeto de que pueda acordar lo procedente”, añade.
ESPECIAL CAUTELA EN EL TRATAMIENTO
En el auto, el magistrado dedica un buen número de páginas a advertir de las especiales cautelas que se deben seguir a la hora de analizar dispositivos incautados en domicilios familiares puesto que pueden contener información que afecte a la intimidad del investigado y que nada tenga que ver con las pesquisas.
No obstante, razona que en el presente caso los hechos son de una “naturaleza grave” porque de modo inicial se han calificado como delitos de descubrimiento y revelación de secretos, delitos organización criminal para la comisión de delitos graves, blanqueo de capitales y cohecho. Y a su juicio, esto “convierte en proporcional acceder a las solicitud interesada” por la Fiscalía de recabar informe sobre las microcintas.
Además, el magistrado indica que el hecho de que se autorice a la Policía a investigar realizando búsquedas en la totalidad de los datos almacenados “no significa que se vaya a acceder a la intimidad de todos esos datos”. Y apunta que existen herramientas forenses que utilizan “motores de búsqueda que permiten hallar determinados archivos en un ordenador o sistema informático sin necesidad de mostrar el contenido de todos los archivos sobre los que realiza la búsqueda”. Así, asegura, “la privacidad del afectado queda salvaguardada, no obstante el análisis de todos sus archivos”.
Villarejo ha solicitado reiteradamante a la sede judicial que le devuelva esas microcintas, aunque sin éxito. Así lo plasmó en un último escrito, avanzado por ‘ABC’, al que la Fiscalía Anticorrupción respondió desaconsejando que se le entregaran, pero interesando que el policía retirado identificara el contenido de las mismas, a fin de determinar si podían tener alguna relevancia para las pesquisas.
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