El exministro solicitó comparecer como testigo tras conocerse el informe de la UCO que le da un “papel de responsabilidad”
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’ ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la petición del exministro de Transportes José Luis Ábalos que la semana pasada solicitó comparecer voluntariamente como testigo en esta causa después de que trascendiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apunta a un “papel de responsabilidad” del ex secretario de organización del PSOE en la trama.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Ismael Moreno explica que una vez recibida esa solicitud, se une al procedimiento y se traslada al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la pertinencia de la declaración o no. Se da la circunstancia de que el magistrado ya ha recibido respuesta por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que le responde que Ábalos continúa siendo diputado electo.
Este movimiento del juez se lee en el ámbito judicial como un paso previo para elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, quien tiene la competencia exclusiva para investigar a los miembros del Congreso de los Diputados.
Fuentes cercanas al exministro señalaron el pasado viernes a Europa Press que el objetivo de su petición es poder aclarar ante el juez las falsedades que, según él, se están diciendo a partir del informe de la UCO.
De hecho, el exministro socialista, cuando conoció el informe, declaró a los medios en el Congreso que no le sorprendía la petición de la UCO de investigarle por su presunta implicación porque “era de esperar”, y reiteró que él no forma parte de “ninguna trama”.
EL INFORME DE LA UCO
Cabe recordar que en las recapitulaciones de ese informe, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los agentes inciden en que los indicios recopilados “ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García) –su exasesor–, (Víctor) Aldama –el presunto conseguidor de la trama– y la organización criminal dinamizada por este último”.
El Instituto Armado sostiene que “se debería investigar qué relación tendría el exministro” con la “organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada”.
Entre la batería de “indicios” a los que hace referencia la UCO, los investigadores explican que –gracias a las “evidencias intervenidas a Aldama y Koldo” y las conversaciones interceptadas– han “hallado una relación de carácter económico entre De Aldama y Koldo-Ábalos”.
EL RESCATE A AIR EUROPA
La Guardia Civil también precisa que “las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar de manera indiciaria como De Aldama se valió de su relación con Koldo-Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa”.
Según consta en el informe, “el 16 de julio de 2020 se habrían reunido el presidente del Gobierno, a quien De Aldama en conversaciones con personas de su círculo más próximo se refiere como ‘el 1’; Nadia Calviño, a quien denomina “la de Hacienda”; y Ábalos”.
Los agentes recalcan que el día que se celebró dicha reunión, De Aldama y el entonces consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo habrían acudido al Ministerio de Transportes para reunirse con Ábalos.
LA VISITA DE DELCY RODRÍGUEZ
Al margen, la UCO señala que Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haría una visita privada a España y que le había pedido verse “discretamente”. Según dijo, el jefe del Ejecutivo no puso “pegas”.
“La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda”, reza el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, del que consta una captura de pantalla en el informe de la UCO.
Los agentes consideran que de dicho mensaje, que Ábalos remitió en una captura de pantalla a Koldo, “se aprecia” que se “obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy”.
A su vez, apuntan que –durante la permanencia de Ábalos y Koldo en el Ministerio– De Aldama, realizó “habitualmente” diversas actividades como “labores de intermediación entre España y Venezuela”. También se comunicó con Delcy Rodríguez para trasladarle un mensaje “del jefe” –Ábalos, según los investigadores– en relación a la reunión del opositor venezolano Leopoldo López con Pedro Sánchez en la sede del PSOE, según el informe.
La UCO subraya que De Aldama y la ‘número dos’ de Nicolás Maduro trataron “asuntos de gran sensibilidad” para ambos, incluido temas ligados con la compraventa de oro venezolano.
INMUEBLES BAJO SOSPECHA
Además, los investigadores insisten en que hay indicios suficientes, “obtenidos de manera directa del material obrante en la causa”, que “vincularían la participación de Ábalos en los contratos investigados, con la compra por parte de De Aldama de un chalet para el propio exministro”.
Sobre este extremo, precisan que De Aldama –considerado el presunto conseguidor de la trama– “gestionó la compra del chalet, inicialmente a través de una serie de ciudadanos venezolanos que se inicia pero no culmina de manera existosa”, y, posteriormente, “valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos”.
La UCO apunta que Ábalos llegó a “disponer” del chalet ‘La Alcaidesa’ –situado en La Línea de la Concepción– y pudo incluso poner “en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos”. Dicha propiedad, señalan los agentes, fue adquirida por De Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario.
En el informe figura también otro inmueble. La UCO ha hallado “evidencias” de que un presunto “testaferro” pagó 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza España, Madrid, en el que residía J.R.G., pareja de Ábalos.
De las conversaciones intervenidas, los investigadores señalan que la mujer tenía un contrato laboral con INECO –empresa dependiente del Ministerio de Transportes– y estuvo en la empresa pública TRAGSATEC –dependiente de la SEPI–.
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