MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las declaraciones vertidas por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que acusó al instructor de ‘Tsunami Democratic’ de querer influir en las negociaciones de la ley de amnistía con el auto por el que dirigía la investigación contra el ex president catalán Carles Puigdemont.
Así lo confirman fuentes jurídicas a Europa Press que añaden que los hechos también han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que valoren si el ‘número 2’ del Ministerio de Justicia pudiera haber incurrido en un algún delito.
Fue el pasado 8 de noviembre cuando Tontxu Rodríguez en una entrevista en Radio Popular señaló de forma irónica que era una “casualidad” que García Castellón dirigiera la investigación sobre ‘Tsunami’ contra Pugdemont y contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, unos días antes de que se llegara “a un acuerdo con Junts y unos días después de que se hubiera llegado a un acuerdo con ERC”.
También apuntó que el expresidente del Gobierno del PP José María Aznar “podría hablar un poquito de García Castellón”. “¡Qué casualidad que ahora, que se podía llegar a un acuerdo para formar Gobierno, imputen a los líderes catalanes. Yo no tengo ni idea de si tiene razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser este día. Podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no, justo en medio de las negociaciones, si eso no es influir…”, censuró el secretario de Estado.
En esas mismas declaraciones, Rodríguez calificó también de “verdaderos okupas” a los actuales miembros del CGPJ, órgano que se encuentra en funciones desde hace cinco años, y del que apuntó que se ha convertido en “el partido judicial”. En este sentido, calificó de “absurdo y desproporcionado” el contenido de su declaración institucional contra la Ley de Amnistía que todavía no se había conocido.
Se refería a la declaración institucional aprobada por nueve vocales conservadores del Consejo frente a cinco progresistas, que advertía de que la amnistía “supone una degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España”.
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