MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ autorizó a los agentes de la Guardia Civil a instalar un “software remoto” en el móvil del exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernández y de al menos otros 40 dispositivos pertenecientes a otros investigados, según ha publicado ‘El País’ y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
La decisión del magistrado Manuel García Castellón se enmarca en el procedimiento que dirige en el Juzgado Central de Instrucción Número 6, en el que investiga quiénes son los promotores de ‘Tsunami Democràtic’ para determinar cómo se orquestaron las protestas que en 2019 –tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del ‘procés’– provocaron disturbios callejeros, cortes de carreteras y hasta el bloqueo del aeropuerto de El Prat.
Las fuentes consultadas han precisado que el instructor, entre finales de 2019 y principios de 2020, autorizó a la Benemérita a intervenir el dispositivo móvil del que fuera diputado en el Parlament por la CUP entre 2012 y 2015 David Fernández Ramos. Según un auto de 10 de octubre de 2019 por el que se acuerda la medida respecto a dos terminales, se trata de un ‘software’ que permite, “de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario”.
Este software permite acceder, entre otros, a la agenda de contactos, al registro de video-llamadas, a la cuenta de correo asociada al móvil, al historial de navegación web y a las comunicaciones en redes sociales. También permite activar el micrófono del dispositivo para “captar y grabar las comunicaciones orales”, según detalla el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Las citadas fuentes aseguran que, al igual que con Fernández Ramos, la misma medida se acordó para otros 40 móviles. Según la documentación de la causa, en la lista figuran Jordi Baylina y Miguel Montero de Quadras, ambos informáticos presuntamente vinculados a ‘Tsunami Democràtic’.
El juez de la Audiencia Nacional dio el visto bueno a estas intervenciones después de que los investigadores señalaran al exdiputado de la CUP como “la primera persona que utilizó públicamente el concepto de ‘Tsunami Democràtic’, en noviembre de 2014, a propósito de la primera consulta ilegal de autodeterminación”.
En el auto en el que se adoptó la medida, el juez explicó que autorizaba las intervenciones “ante la excepcional gravedad de los delitos ingeridos”, en referencia a los indicios de un presunto delito de terrorismo.
CONVERSACIONES INTERVENIDAS
En uno de los autos consta que los investigadores tuvieron conocimiento, a raíz de la instalación del “software remoto” en el móvil de Montero de Quadras, de las “vinculaciones de Martí Olivella” –a quien se refieren como “uno de los referentes del movimiento independentista catalán, miembro del Equipo Técnico del NOVACT (Instituto Internacional para la Acción No Violenta)”– con la organización ‘Tsunami Democràtic’.
Asimismo, los investigadores lograron recabar datos “de un grupo denominado THINK CAT: ESTAT 4.0, compartido con los miembros del autodenominado Think Cat79”, entre los que figura Joan Canadell Brugera, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona entre 2019 y 2021, según la documentación que obra en el procedimiento.
Además, según la información extraída del terminal móvil de Baylina, “se ha podido identificar un entramado de siete sociedades digitales establecidas en Estonia, cuyos administradores únicos o miembros del consejo de administración son los mismos que participan en el desarrollo del proyecto VOCDONI”, una aplicación para teléfonos móviles que permite realizar “votaciones masivas”, como parte de la ‘hoja de ruta’ para avanzar en “la consecución de la denominada república digital”.
A raíz de la instalación del “software remoto” en los móviles de los investigados también “se pudo advertir la participación de Joan Matamala” en los hechos. Los agentes llegaron a esta conclusión gracias a una conversación que el empresario mantuvo con el también investigado Jordi Milla “en la que tratan aspectos logísticos y organizativos de la implementación de lo que denominan ‘segunda onada’ en el ámbito del Consell per la República, concluyendo que se deben instaurar consejos locales, concentrándolos por municipios o comarcas”.
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