MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El juez que investiga la presunta macroestafa liderada por el productor de televisión José Luis Moreno tomará declaración este martes a Antonio Aguilera, señalado por los investigadores como el supuesto ‘número dos’ de la trama.
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, indica que Aguilera y otros cuatro investigados deberán comparecer en la Audiencia Nacional desde las 10.00.
Además, el miércoles el instructor tomará declaración a cinco testigos, entre los que destacan dos policías y un guardia civil encargados de la investigación de ‘Titella’. A ellos se suman el director de una sucursal bancaria y un notario.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al “fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados”, “a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés” y al “blanqueo de capitales”; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los “máximos responsables” y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, “como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita” a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, “era el principal receptor de los fondos obtenidos”.
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían “amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil”, por lo que se ocuparían de crear las sociedades, “maquillarlas”, poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de “empresas pantalla” administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían “grandes cantidades de dinero en efectivo” a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
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