Destaca la “inutilidad de las diligencias de investigación” pretendidas por la defensa del ventrílocuo
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de la ‘Operación Titella’ ha descartado nuevamente averiguar si los policías que investigaron al productor televisivo José Luis Moreno han recibido cualquier tipo de reconocimiento, cruz o medalla por razón de su intervención en este proceso.
En un auto de este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, desestima el recurso de reforma interpuesto por la defensa del ventrílocuo y pone el foco en la “inutilidad de las diligencias de investigación que se han denegado” por segunda vez.
“Siendo el objeto de la instrucción recabar las fuentes de prueba que permitan evaluar la pertinencia o improcedencia del eventual enjuiciamiento de unos hechos que pudieran presentar naturaleza delictiva y que muestren ser susceptibles de ser atribuidos a la responsabilidad de determinados partícipes, resulta evidente que las diligencias interesadas no conducen al esclarecimiento de hechos o perfilan la participación de los investigados”, critica el instructor.
En este contexto, el magistrado recuerda que la admisión de las diligencias debe venir justificada tanto que las mismas sirvan para “facilitar información precisa para la decisión judicial”, un extremo que no se cumple en este caso.
El juez Moreno se ratifica en el auto del pasado mes de octubre por el que denegó inicialmente esta petición. En el mismo, recordaba que desde la incoación del procedimiento hasta la fecha se habían practicado diligencias de distinta índole para esclarecer los hechos. Esta petición, al contrario que otras que sí fueron aceptadas, no estaría destinada a “dilucidar las supuestas responsabilidades” que se derivan de la causa.
“FALTA DE IDONEIDAD Y UTILIDAD”
Así, el magistrado incidió en que en este procedimiento se investiga la “posible comisión de delitos de estafa, falsificación documental o blanqueo” por parte de “una organización criminal, que opera a nivel internacional, cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés”.
En este contexto, el juez aseguraba que no vislumbraba cuáles eran “los motivos concretos que conducen” a esta propuesta, que no busca el “esclarecimiento de los hechos objeto de investigación”. Eso mismo, añadió entonces, es “lo que debe necesariamente conducir a su desestimación, ante su falta de idoneidad y utilidad a los fines del presente procedimiento”.
La representación del productor requirió al magistrado que indagase si alguno de los funcionarios policiales intervinientes en esta causa había sido premiado de alguna forma. “En caso afirmativo, solicitamos igualmente que se certifique su identificación, detallando su cargo, la condecoración reconocida y su fecha, así como el servicio prestado en el seno de esta causa”, solicitó.
Esta solicitud fue formulada, según alegaba la defensa, en tanto que Moreno fue llamado al procedimiento como causa de “una investigación policial absolutamente errática, habiéndose aportado al presente procedimiento informes policiales en los que se vierten manifestaciones, cuando menos, erróneas e inveraces”.
“El contenido manifiestamente erróneo de los informes policiales es una cuestión suscitada por la práctica totalidad de los investigados en esta causa, a pesar de lo cual no se ha rectificado aún su contenido, de forma incomprensible”, criticaba el letrado de Moreno en su escrito.
EL ORIGEN DE TITELLA
Las indagaciones en torno a Titella comenzaron en 2018 y la operación eclosionó el pasado mes de junio con la detención del ventrílocuo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al “fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados”, “a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés” y al “blanqueo de capitales”; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los “máximos responsables” y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, “como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita” a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, “era el principal receptor de los fondos obtenidos”.
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían “amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil”, por lo que se ocuparían de crear las sociedades, “maquillarlas”, poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de “empresas pantalla” administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían “grandes cantidades de dinero en efectivo” a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
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