MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social se enfrentará este jueves a su primer gran examen en el Congreso de los Diputados, dado que tendrá que someterse a la enmienda a la totalidad de devolución presentada por Vox al considerar que es una “reforma cosmética y drásticamente limitada”, si bien el texto ha sido negociado y acordado entre el Ministerio de Trabajo y las entidades del sector, englobadas en torno a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).
En concreto, Vox pide la devolución del proyecto de ley al Gobierno porque “no solo deja de lado las reivindicaciones históricas del sector, sino que aprovecha esta reforma para imponer cargas burocráticas y conceptos ajenos a la naturaleza del cooperativismo, que alejan al sector de sus principios tradicionales de solidaridad, democracia y autonomía”. En consecuencia, pide la devolución con la finalidad de que el Ejecutivo elabore una propuesta normativa que no sea “dañina para el bien común”.
Lo previsible es que la enmienda a la totalidad sea rechazada y el texto pueda avanzar en su tramitación, con el que se actualiza el ecosistema legislativo de estas empresas, se lucha contra el “falso cooperativismo” y cuenta con el apoyo de las organizaciones representativas del sector.
La norma modifica la Ley de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social. Así, adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la economía social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías.
En adelante, por ejemplo, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.
El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos y se evitará el uso abusivo de las cooperativas recurriendo al procedimiento administrativo de la descalificación, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista que sea igual o superior al 75%.
Modifica la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con el consenso del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización. A modo de ejemplo, la ministra Díaz detalló que ahora también serán objeto de acompañamiento las personas sin hogar que aun trabajando no tienen garantizados ingresos suficientes.
Asimismo, incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral.
También se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.
Por otra parte, y según puso en valor la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la norma lucha contra el “falso cooperativismo” para evitar fraudes como el de Servicarne. “Después de muchísimos años y de una litigiosidad sin precedentes, lo que se ha resuelto es que nos encontrábamos ante un proceso claro de falso cooperativismo”, denunció Díaz cuando se aprobó la norma en Consejo de Ministros.
“Pues bien, lo que decimos en el artículo 116 de esta norma es, sencillamente, que no se va a poder operar de manera fraudulenta como se hacía en aquellas cooperativas que estén subcontratando sus actividades y que el 75% de la misma esté residenciado justamente en esa empresa. Es decir, que tal y como está diciendo el Supremo en su sentencia del día 24, no va a quedar a la discreción ni al albur de las empresas poder elegir la naturaleza jurídica de esa relación laboral ni la determinación de las cotizaciones sociales, la jornada, las vacaciones o, sencillamente, las rentas salariales que deban percibir”, agregó Díaz.
Cabe recordar que, en España, las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman la Economía Social representan el 10% del PIB. Más de 2,2 millones de personas trabajan en estas entidades que combaten la desigualdad con una redistribución más equitativa de los beneficios. En las más de 43.000 empresas que integran el sector el 60% de las personas trabajadoras son mujeres. Estas entidades se sitúan a la vanguardia en la reducción de brecha de género.
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