MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este jueves al Gobierno de Bangladesh la protección de los manifestantes y asegurar que la Policía actúa en base a los Derechos Humanos después de que una oleada de protestas violentas sin precedentes ocurridas la semana pasada dejasen en torno a 180 fallecidos y más de 500 detenidos.
“Entendemos que muchas personas fueron objeto de ataques violentos por parte de grupos supuestamente afiliados al Gobierno, y que no se hizo ningún esfuerzo por protegerlas. (…) Insto al Gobierno a que garantice que todas las operaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley se llevan a cabo en estricta consonancia con las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos, en particular en lo que respecta a la vigilancia policial de las protestas, incluido el uso de la fuerza”, ha expresado Turk en un comunicado.
De igual forma ha instado a las autoridades a restablecer el acceso completo a Internet para permitir tanto a los periodistas como al resto de la población comunicarse “de forma libre” y en base al Derecho Internacional.
Además, Turk ha recomendado al Gobierno iniciar una investigación sobre los fallecidos, heridos y detenidos y dar detalles a sus familiares.
El jede de Derechos Humanos de la ONU también ha instado a ofrecer garantías de que estas acciones no se repetirán, así como prometer que no habrá represalias contra los manifestantes, y ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de redistribuir cuotas para los puestos de trabajo públicos, echando así marcha atrás a una medida que había desatado las protestas.
Por último, ha hecho un llamamiento a los diferentes actores políticos para que eviten declaraciones o acciones que puedan incitar a la violencia o a una mayo represión.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha mostrado su alarma por el gran número de muertos y detenidos, además de “posibles desapariciones forzadas”.
“Nos ha alarmado el gran número de homicidios ilegítimos, posibles desapariciones forzadas y detenciones de más de 500 personas. Estamos profundamente preocupados por los informes de ataques selectivos, amenazas, intimidación y represalias por parte de las autoridades contra los líderes de las protestas, activistas políticos y periodistas”, ha expresado este grupo.
Los expertos han instado a las autoridades a llevar a cabo “investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales” sobre este tipo de acciones, así como levantar el bloqueo de Internet.
Tras ello, han expresado la necesidad de realizar un proceso de investigación “creíble” para que los responsables de esta violencia rindan cuentas como única forma de volver a “ganarse la confianza de la población”, aseverando que la decisión del Supremo de revertir la medida es “importante” pero que “no será suficiente”.
El Gobierno abolió en 2018 el sistema de cuotas que anteriormente reservaba el 56 por ciento de los puestos de trabajo a hijos y nietos de luchadores por la libertad y otros grupos especiales. El Tribunal Superior de Justicia ordenó en junio el restablecimiento de estas cuotas, desatando así una oleada de protestas en las calles del país.
Sin embargo, el Supremo anuló esta orden en vista a la violencia desatada. Los manifestantes han llegado a incendiar vehículos, edificios públicos como la radiotelevisión pública, una estación de Metro e incluso una autopista.
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