MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El informe del Defensor del Pueblo sobre abusos a menores en la Iglesia católica española quedará pendiente para la próxima legislatura, después de que este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que disuelve las Cortes Generales y convoca un adelanto de las elecciones.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, había manifestado su intención de presentar el informe al Congreso de los Diputados antes de que acabase esta legislatura, a finales de este año 2023. Si bien, ya no podrá hacerlo ante las actuales Cortes Generales, que quedan disueltas este lunes.
En todo caso, Gabilondo ha recordado en varias ocasiones que su cargo no finaliza con esta legislatura, por lo que deberá continuar su encargo con el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio.
El Pleno del Congreso de los Diputados encomendó, en marzo de 2022, al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.
Gabilondo creó una comisión asesora de expertos, una unidad dedicada a la atención a las víctimas y de apoyo a la investigación y un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas.
En concreto, el 5 de julio de 2022 se constituyó la comisión, compuesta por 17 asesores externos a la institución, pertenecientes al ámbito profesional o académico, con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos en victimología, en el ámbito jurídico o en derechos humanos.
445 TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS
Además, el 6 de julio se creó una Unidad de Atención a las víctimas que se encarga de escucharlas y recoger información. En concreto, las víctimas pueden dirigirse a esta unidad mediante un teléfono gratuito, un correo electrónico o un formulario disponible en página web de la institución. Desde que se puso en marcha y hasta el pasado mes de marzo, esta unidad había recibido 445 testimonios de víctimas.
Por su parte, la Iglesia católica dijo desde el primer momento que no iba a participar en la comisión del Defensor pero sí se comprometió a colaborar. En este sentido, el pasado mes de marzo, los obispos entregaron a Gabilondo un informe de seis tomos titulado ‘Para dar luz’, en el que recopilan un total de 186 nuevas denuncias de abusos sexuales reportadas en 2022, que sumadas a las recibidas en años anteriores, arrojan un total de 706 casos ocurridos desde 1945 hasta la actualidad.
En todo caso, esta información entregada no exime a las diócesis de entregar al Defensor los datos que este les ha pedido. En concreto, Gabilondo envió una carta a las 70 diócesis españolas solicitando datos sobre los casos de abusos sexuales de los que hayan tenido conocimiento, desde 1950 hasta la actualidad, así como información sobre dispositivos de escucha y reparación a víctimas puestos en marcha, y sobre protocolos de prevención e intervención.
En aquel momento, el Defensor del Pueblo aseguró que eran “pocos” los obispados que habían contestado a su requerimiento, aunque posteriormente, el secretario general de la Conferencia Episcopal lo achacó a que se había producido un problema en la recepción de las cartas.
LA INVESTIGACIÓN DE CREMADES
Más allá de esta investigación encargada al Defensor del Pueblo, la que sí podría ver la luz antes de que termine esta legislatura es la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.
A fecha del pasado mes de febrero, el despacho había recabado el testimonio de 150 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia y ya había entrevistado al 90% de las diócesis españolas. También han tenido acceso a los archivos y se han reunido con los obispos.
“Llevamos un año trabajando, la auditoría marcha a muy buen ritmo, estamos recorriendo la geografía española, visitando y hablando con otras personas en otros países que han hecho trabajos similares y estamos entendiendo no solo las cifras que la estamos investigando, sino también la parte humana del drama del abuso sexual”, precisó entonces Cremades, en una entrevista con Europa Press.
Si bien, precisó que era “imposible” aún saber el número de víctimas porque todavía les quedaba por entrevistar a la mitad de las órdenes religiosas. En total, tienen a casi 50 personas realizando entrevistas de campo y reuniones.
Según señaló Cremades, los casos que están investigando van desde 1950 hasta la actualidad, aunque el mayor número de abusos se produjo en las décadas de 1970 y 1980.
En un primer momento, preveían concluir la auditoría para la primavera de 2023, pero se ha retrasado ya que, tal y como ha explicado el presidente del despacho de abogados, han encontrado “mucha más información disponible” de la que pensaban.
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