MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La violencia sexual hacia la infancia tiene un coste económico de 4.453.873.167 euros, es decir, el 0,31% del PIB. Esta cifra procede de sumar el gasto en las consecuencias de las agresiones de casos denunciados, que asciende en España a 1.275.670.086 euros según la prevalencia en la población general, más otros gastos atribuibles a pérdida de productividad, destrucción de riqueza y daños emocionales a víctima y familiares que serían al menos 3.178.203.081 euros.
Así se desprende del informe ‘¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia’, realizado por Educo y la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas y presentado este miércoles.
Según los autores es la primera vez que una investigación sondea el coste económico del impacto de estas agresiones a menores -tanto físicas como psicológicas y sociales-, así como el coste de estos hechos y sus consecuencias en las personas afectadas, pero también en toda la sociedad.
El primer importe del desglose (1,27 millones) corresponde a casos denunciados y a determinados costes derivados de casos no detectados (por ejemplo, atención psicológica a una niña que no lo ha contado), pero que se han cuantificado a partir de la prevalencia (porcentaje de la población general que ha sufrido violencia sexual durante su infancia y que los autores estiman en 17,29%).
Además de determinar la cifra de gasto anterior, se ha puesto valor económico a daños de difícil monetización, como la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza, los daños emocionales de la víctima y su familia, entre otros. Con todo ello se han estimado determinados costes en los que no se incurre cuando no se detectan los casos, pero que son cuantificables y podrían haber reducido el daño si la detección hubiese sido temprana y la intervención, eficaz. Según los autores esos ascienden a un coste mínimo de 3,17 millones de euros.
“La cifra resulta especialmente impactante si se tiene en cuenta que el cálculo que se ha podido alcanzar es de mínimos y que se continúa sin conocer la magnitud real del fenómeno y sus impactos”, destacó Laura Barroso de Comillas. Más de la mitad de los costes (59,02%) corresponden a costes de servicios sociales asociados a la protección del menor, como acogimiento temporal en una familia o centros de acogida. El 22,08% son costes sanitarios (atención psicológica y psiquiátrica, enfermedades crónicas derivadas, adicciones, urgencias…), el 17,48% corresponde a costes judiciales (servicios penitenciarios, gastos de responsabilidad civil…) y el 1,42% a educación (por ejemplo, repetición de curso).
“La violencia sexual sobre la infancia es una grave vulneración de los derechos de los niños y niñas que la padecen, y tiene importantes secuelas tanto físicas como emocionales en el corto y en el largo plazo. Repercute en su bienestar emocional, relacional y social, pero también tiene un impacto en nuestra sociedad. El estudio pone sobre la mesa cifras que sirven para ver la magnitud de esta problemática desde otra perspectiva, la del gasto directo que se hace para atenderla y el coste social y de oportunidad que supone”, explicó Macarena Céspedes, directora de investigación e incidencia de Educo.
SACAR A LA LUZ
“No podemos mirar hacia otro lado sabiendo por lo que están pasando miles de niños y niñas en España. No se puede permitir que esto siga ocurriendo. Sacar a la luz estos datos por primera vez puede ayudar a poner en marcha mecanismos para mitigar el daño y permitir que las víctimas lleven una vida más plena”, agregó.
Para calcular estas cifras, los autores del informe han partido de los datos oficiales disponibles y de la literatura especializada. Respecto a esta cuestión Myriam Cabrera, directora de la Cátedra de los Derechos del Niño, señaló que “a pesar de que ha habido mejoras en la recopilación de datos oficiales, persisten grandes dificultades para conocer las cifras reales de la violencia sexual que sufre la infancia y de sus impactos”.
Ante la magnitud del problema, y reconociendo que solo se ve la punta del iceberg, ambas entidades insisten en la importancia de la prevención y la detección precoz. “La implementación efectiva de las medidas previstas en la legislación vigente como la LOPIVI, que marcó un antes y un después en la protección de la infancia, lograría minimizar los casos. Pero se requiere un esfuerzo presupuestario grande que, seguro que será rentable, tanto en términos monetarios (ahora que conocemos mejor los costes) como en mejora del bienestar y el desarrollo de toda la sociedad”, remarcó Céspedes. “El dinero que se destine a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia más que un gasto es una inversión con un retorno claro que beneficia a toda la ciudadanía”, concluyó.
En el mismo sentido, Myriam Cabrera de Comillas señaló que “la inversión en prevención no solo evita o mitiga los casos de violencia sexual, sino que permite abordar de manera integral otros tipos de violencia que sufren los niños y niñas, y que de igual manera repercuten en su desarrollo y en los niveles de bienestar de nuestra sociedad.”
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