MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, criticó que, según las estimaciones del ‘think tank’ de la CEOE, la presión fiscal en España ya ha superado el 42% del PIB para 2022, y, por lo tanto, se ha situado por encima del 41,7% de presión fiscal media de la Unión Europea (UE), lo que supone un “preocupante deterioro” de la competitividad fiscal del país.
Así lo indicó este martes en la presentación del informe ‘Competitividad Fiscal 2022. España sigue perdiendo competitividad en el ámbito fiscal’ en la que compareció junto con el director general del IEE, Gregorio Izquierdo.
Los economistas denunciaron que la presión fiscal recaudatroria se va a seguir incrementando en este 2023 hasta el 42,3% con la introducción de gravámenes como el de impuestos extraordinarios a la banca, empresas energéticas y el de las grandes fortunas que son “enormemente distorsionadores”.
Por el contrario, aplaudieron que algunas de las principales economías de la OCDE como Estados Unidos, Alemania, Francia o Italia se hayan caracterizado en su respuesta a la crisis por su “rechazo a subir impuestos”.
El informe también recoge el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) elaborado por la Tax Foundation en Estados Unidos. España se sitúa en el año 2022 en la posición 34 del total de los 38 países analizados, situándose así en uno de los cinco países con peor competitividad fiscal dentro de la OCDE con un retroceso de nueve posiciones desde la posición 23 que ocupaba en 2019 y desde la posición 30 del año 2021, lo que muestra una “pérdida notable de competitividad fiscal” en la actual legislatura.
Dado que los nuevos gravámenes todavía no se consideran para medir la competitividad fiscal, Fernández de Mesa enfatizó que en 2022 se han introducido los pagos fraccionados, un aumento de las cotizaciones sociales o una subida de las bases máximas de cotización, mientras que el entorno europeo ha “rebajado” impuestos, lo que ha hecho que de manera relativa la situación fiscal empeore.
Además, subrayó que para luchar contra la inflación otros países “han optado por actualizar tarifas y deducciones para corregir el efecto de la inflación”, mientras que España el único ajuste que se ha realizado en este sentido ha sido el aumento de la base máxima de la cotización. Para el presidente del IEE, en un sistema fiscal como el de España que combina “impuesto de renta con imposición patrimonial”, el efecto de la inflación “se multiplica”.
Preguntados por la nota del Financial Times en la que ponía de manifiesto un afloramiento de la economía sumergida en España, reconoció un cierto “afloramiento” que es “positivo”, pero criticó que el aumento de la presión fiscal y sobrerregulación puede provocar que lo que haya aflorado “pueda volverse a sumergir”. En este sentido, Izquierdo indicó que con situaciones de “exceso de presión fiscal normativa” y hay países con economía sumergida lo que se produce es que el sistema fiscal “no está diseñado” para “favorecer” el potencial crecimiento económico.
IMPUESTOS
En su análisis de cada tipo impositivo, el informe subraya que los dos en los que España destaca más “negativamente” son Sociedades y Patrimonio. Sobre el primero, España presenta una presión fiscal normativa un 23,7% más elevada que la media de la Unión Europea, y un 22,1% superior al del promedio de la OCDE hasta situarse en la posición 34 de 38, por lo que es “uno de los cinco más gravosos”.
Por su parte, en la tributación sobre el patrimonio la situación de España es “aún peor”, ya que, aun sin entrar en vigor el de las grandes fortunas, la posición de España es un 40,8% peor que la de la UE, y un 38% menos competitiva que el promedio de la OCDE. España se sitúa solo por detrás de Italia en la imposición patrimonial “más gravosa” y la superará presumiblemente, según el Fernández de Mesa, con el nuevo impuesto.
En cuanto al IRPF, el informe se sitúa un 8,8% por encima de la media de la UE y un 7,6% por encima de la media de la OCDE. El presidente de IEE apuntó que la cuña fiscal, es decir, la parte del salario neto que incluye el coste laboral, se sitúa en el 40%, por encima del 35% de media de la OCDE.
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