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El ICAM ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo debido a la exclusión de personas vulnerables de Justicia Gratuita

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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado esta mañana una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la grave exclusión de millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Esta situación se debe a la falta de actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sigue siendo el criterio principal para acceder a este derecho, a pesar del notable incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los últimos años.

En la situación actual, únicamente las personas no integradas en ninguna unidad familiar que cobren el SMI pueden tener posibilidades reales de acceder al derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Es decir, cuando se trate de solicitantes integrados en alguna de las modalidades de unidad familiar (dos, tres o más miembros) solo con que dos de ellas perciban el salario mínimo interprofesional, e incluso percibiendo uno de ellos el SMI y el otro trabajando a media jornada, ya no podrán acceder al derecho de justicia gratuita, puesto que excederán los umbrales previstos en el artículo 3.1 de la Ley 1/1996, vigente.

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El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha advertido que esta realidad deja sin acceso a la justicia a muchas personas y familias que, a pesar de percibir ingresos modestos, quedan por encima de los umbrales establecidos para recibir asistencia jurídica gratuita.

“Nos encontramos ante un problema estructural que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución Española y en las normas internacionales de derechos humanos”, ha señalado Ribón.

Un sistema desactualizado que excluye a los más necesitados “Desde la reforma de 2013, el IPREM sustituyó al SMI como referencia para determinar quién tiene derecho a justicia gratuita. Sin embargo, mientras que el SMI ha aumentado en un 61% desde 2018, el IPREM solo ha crecido un 11,5%.

“Esta diferencia ha generado situaciones absurdas e injustas, en las que una persona sin familia que cobra el SMI puede acceder al beneficio, pero una pareja con hijos, en la que ambos progenitores perciben el salario mínimo, queda automáticamente excluida”, explica Juan Manuel Mayllo, Diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM y encargado de presentar la queja.

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“Estamos ante una clara injusticia que afecta a miles de familias. No tiene sentido que el propio aumento del SMI, que debería mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras, acabe dejándolas sin acceso a la justicia gratuita. La ley no puede seguir ignorando esta realidad”, añade.

Según el ICAM, esta situación afecta especialmente a familias trabajadoras con bajos ingresos, que se ven obligadas a afrontar los elevados costes judiciales sin apoyo del sistema de justicia gratuita. Un proceso judicial básico en España puede costar entre 3.000 y 5.000 euros, lo que supone una barrera inasumible para quienes apenas pueden cubrir sus necesidades básicas.

UNA DEMANDA URGENTE DE REFORMA

El ICAM reclama al Defensor del Pueblo que inste al Gobierno a modificar la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita para que los umbrales de acceso se actualicen conforme al SMI o, en su defecto, se incremente significativamente el IPREM para que refleje la realidad económica actual.

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Asimismo, el ICAM exige que se adopten medidas urgentes para garantizar que ninguna persona en situación de vulnerabilidad quede desprotegida ante el sistema judicial por razones económicas. “Desde el ICAM no vamos a dejar de pelear hasta que se garantice el derecho a la justicia gratuita para quienes realmente lo necesitan. Es un problema que afecta a miles de personas cada día, y el Estado tiene la obligación de solucionarlo”, ha afirmado Mayllo.

En el día de hoy, el Colegio se ha dirigido también tanto al Ministerio como a los Grupos Parlamentarios para reclamarles, igualmente, una solución urgente. Con esta queja, el ICAM reitera su compromiso con la defensa del derecho fundamental de acceso a la justicia y exige que el sistema de justicia gratuita sea realmente efectivo y accesible para quienes lo necesitan.


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