MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional que investiga un presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos en el que está investigado el empresario Víctor de Aldama –presunto conseguidor del ‘caso Koldo’– tomará declaración en calidad investigado este martes a Luis Alberto Escolano, hombre de confianza del empresario y que figura como socio en diversas empresas del entramado empresarial investigado.
En los atestados de esta causa en la que se investiga un presunto fraude cuantificado en 231,7 millones de euros entre 2021 y 2024, se explica que Escolano ostenta la representación de hasta 17 sociedades, entre las que se encuentra la portuguesa Agarrobvio Unipessoal LDA –en la que figura como socio De Aldama– Cuboflamejante LDA y Proezencontrada LDA.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también le sitúa como administrador de la mercantil Cacera Concejo SL, la cual percibió 510.000 euros de la mercantil portuguesa Agarrobvio Unipessoal LDA, mercantil que habría ingresado la cantidad de 1,4 millones de euros procedentes de la suministradora Salamanca Fuel Center SL –otras de las empresas vinculadas al presunto fraude–.
También consta como administrador de la mercantil Aragón Urbana 3000 SL que percibió 1,2 millones de euros de la mercantil Businesscity SL, administrada por Víctor de Aldama; y también de Proyectos Monte Cerenas II SL, “emisora de facturación falsa a las suministradoras Carburantes Jalón Plaza SL y Espaeventos SL”.
En un auto del magistrado, se incide en que la vinculación y participación de Escolano en la organización criminal investigada se evidencia, aparte de por la relación personal mantenida con Víctor de Aldama, “quien se refería a él como ‘Alberto hermanito socio'”, a través de su condición de socio en esas sociedades radicadas en Portugal.
Sostiene el juez que también adquirió bienes utilizados previamente por Claudio Rivas –presunto líder de la trama junto a De Aldama–, y se refiere en concreto a un vehículo de alta gama titulado por Combustibles Lucinala SL que fue transferido a la empresa portuguesa de Escolano, Agarrobvio Unipessoal LDA.
“Igual de significativo resulta el hecho de que Luis Alberto Escolano pudiera ser custodio de documentación sensible o delicada perteneciente a Víctor de Aldama. Así, en agosto de 2024, el análisis de las comunicaciones mantenidas entre ambos reveló estos extremos, al constatar cómo Escolano envió a De Aldama dos fotografías de la documentación requerida, la cual parece que custodiaba en su domicilio”, indicaba el juez en un auto de diciembre de 2024.
OTRAS DECLARACIONES
El martes 1 de abril, además de Escolano también está citado a declarar Carlos Castillo, quien figura como administrador de la sociedad Combustibles Lucinala SL, de la que era apoderada la también investigada Carmen Pano, la empresaria que sostiene haber entregado en la sede del PSOE en Ferraz cantidades en efectivo por valor de 90.000 euros por encargo de De Aldama.
En los atestados se indica además que Rivas haría uso de un turismo que era titulado por Combustibles Lucinala SL, de lo que infiere la UCO que en realidad esa empresa sí podría estar bajo el control del líder de la trama.
Las declaraciones continuarán el 2 de abril, miércoles, con las comparecencias de Francisca de Santos y de Francisco Javier Rodríguez. Ambos constan como testaferros de la organización criminal para perfeccionar el fraude en el sector de los hidrocarburos.
En concreto, Francisca de los Santos estaba al mando de la suministradora Casmar Hidrocarburos SL, una sociedad interpuesta con la que la trama simulaba una transmisión de productos petrolíferos de manera que era esta empresa la que asumía la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente.
Según atestados de la UCO, Casmar Hidrocarburos fue utilizada por la organización criminal “para canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad”.
Francisco Javier Rodríguez figura como el sucesor de Francisca de los Santos al frente de Casmar Hidrocarburos SL y, al igual que ella “desarrollaba funciones principalmente de testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal”.
Ya el jueves 3 de abril será el turno de Jaime Salmerón, Iván Castañer y la propia operadora Villafuel. EL primero, según la UCO, era otro testaferro más y consta como administrador y socio único de la suministradora Carburantes Jalón PLaza SL.
Castañer, también testaferro, figura como administrador único de la sociedad Skyward Tech SL, otra de las suminitradoras interpuestas por la matriz Villafuel SL “para, a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente”.
Además, esta suministradora era utilizada por la organización criminal “para canalizar fondos de procedencia delictiva a China”.
LA OPERATIVA PARA DEFRAUDAR EL IVA
El juez investiga en esta causa una operativa orquestada a través de la operadora Villafuel SL para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos, un tipo de delito que cuenta con diversas causas en varios de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional.
En uno de los atestados, a los que ha tenido acceso Europa Press, se explica el esquema básico de este tipo de fraude, y los agentes señalan que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.
Esta operadora va a los depósitos fiscales –donde se almacena el producto– a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.
Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y, puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido, sin embargo, no lo abonan.
Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.
El objetivo es “perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal” y “salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones” dado que obtener ese título de operador es complicado.
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