MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Tony Hernández, antiguo diputado del Congreso Nacional de Honduras y hermano del también presidiario expresidente Juan Orlando Hernández, ha solicitado a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que anule la condena de cadena perpetua a la que fue sentenciado por un delito de tráfico de drogas.
La defensa de Hernández sostiene que se vulneraron sus derechos ya que cuando fue detenido en el aeropuerto de Miami en noviembre de 2018 no estaba en presencia de abogado por los fiscales estadounidenses habrían violado las leyes federales.
“El error de admitir la declaración del señor Hernández no fue inofensivo y por tanto la decisión del tribunal debe revisarse de nuevo (…) Los fiscales sabían que el señor Hernández debió estar representado por un abogado”, ha explicado su abogada, Jesse M. Siegel, informa el diario ‘El Heraldo’.
En la grabación que se tiene de la detención, se ve a las autoridades preguntar a Hernández si disponía de un abogado. Tras responder afirmativamente, no pudieron dar con él, pero el interrogatorio siguió su curso. A su vez, sostiene que antes de su arresto reveló sus intenciones de colaborar con la Fiscalía de Nueva York.
Finalmente, y tras más de año y medio en prisión provisional, el hermano del expresidente hondureño fue condenado a cadena perpetua por delitos de tráfico de drogas, así como a la devolución de unos 138,5 millones de dólares, la cantidad que las autoridades creen que pudo haber amasado tras más de quince años maniobrando para llevar hasta Estados Unidos cerca de 185.000 kilos de cocaína.
Por su parte, su hermano y expresidente, Juan Orlando Hernández, será juzgado en abril de 2023 también en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, después de que fuera detenido en febrero de 2022 y extraditado un mes después.
Según la acusación, el expresidente hondureño habría estado relacionado con, entre otros, el capo mexicano de la droga Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2013 a cambio de protección y evitar una posible extradición.
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