Habría tenido acceso a más de 500.000 cuentas bancarias a través del hackeo de este sistema gestionado por el CGPJ
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha tomado declaración este lunes a un ‘hacker’ de nacionalidad española detenido como presunto autor del ciberataque sufrido el pasado mes de octubre de 2022 en el Punto Neutro Judicial, el sistema de comunicación gestionado desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permite centralizar y trasladar peticiones de información entre los órganos judiciales y la Agencia Tributaria, la Policía o el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press confirman que el joven, que ha sido puesto a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, habría tenido acceso a más de 500.000 cuentas bancarias a través del Punto Neutro Judicial.
Fue el pasado 20 de octubre cuando Calama acordó la incoación de diligencias previas a raíz de una denuncia interpuesta por el órgano de gobierno de los jueces en la que se advertía del ciberataque, que podría haber afectado a datos personales de contribuyentes depositados en las bases de datos de la Agencia Tributaria.
Como primeras medidas, el juez decretó el secreto de las actuaciones y solicitó una serie de informes a la Agencia Tributaria y al Centro Criptológico Nacional sobre el alcance de los hechos denunciados. Desde la Audiencia Nacional consideran que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra alto organismo de la nación y, sin perjuicio de ulterior calificación, de delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El propio Consejo informó en su momento del ataque, que habría sido detectado en la segunda quincena de octubre de 2022. “Desde ese mismo momento se adoptaron medidas de ciberseguridad para la contención y neutralización de ataques informáticos de este tipo”, explicó el CGPJ en un comunicado.
INVESTIGACIÓN PARALELA
El órgano de gobierno de los jueces señaló en el mismo que el Punto Neutro Judicial fue “utilizado por los atacantes para acceder a otras instituciones públicas” y subrayó que en el ataque “no se han visto comprometidos datos relativos a procedimientos judiciales u otra información en poder de los juzgados y tribunales”.
Desde el Consejo explicaron que, una vez detectado el ciberataque, los hechos se pusieron en conocimiento del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (COCS), así como del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT).
Según el CGPJ, tras dicha notificación –y en coordinación con ambos centros– se adoptaron “las medidas de investigación y mitigadoras correspondientes”. Asimismo, el Consejo avisó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del propio órgano de gobierno de los jueces.
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