Sobre la mesa, un acuerdo PSOE-PP o una reforma legal que permita esquivar el bloqueo de los ‘populares’
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes, 4 de diciembre, 5 años caducado, los mismos años que de mandato vigente, lo que supone una situación inédita que desde dentro califican ya de “insostenible” tanto para el propio órgano como para la Justicia. Ante la nueva Legislatura hay dos posibilidades de renovación: el acuerdo político PSOE-PP o una reforma legal. No obstante, las fuentes consultadas por Europa Press llaman a la cautela debido al actual clima de confrontación entre el Gobierno y el mundo judicial a cuenta de la amnistía, lo que abocaría a la segunda opción.
Este Consejo se constituyó el 4 de diciembre de 2013 con los 20 vocales que marca la ley más el presidente elegido por ellos, Carlos Lesmes, con una mayoría conservadora. Debió renovarse en 2018, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP –que son los únicos que suman las mayorías parlamentarias necesarias– ha llevado a esta situación de estancamiento una década después.
A lo largo de los años, el órgano de gobierno de los jueces se ha ido descomponiendo. Solo quedan ya 16 vocales –aunque se mantiene el dominio conservador– tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo, la dimisión de Concepción Sáez y el fallecimiento de Victoria Cinto.
Además, ha visto pasar tres presidentes. Lesmes dimitió en octubre de 2022 para forzar el pacto PSOE-PP y le sucedió Mozo, por ser el vocal de mayor edad. Pero este último tuvo que jubilarse el pasado 19 de julio, cediendo el testigo al actual mandatario interino, Vicente Guilarte.
Más allá del desprestigio institucional, que es ya un clamor en el mundo judicial, la situación de interinidad del CGPJ ha tenido un claro impacto en la administración de justicia por la imposibilidad legal de que un Consejo caducado realice nombramientos discrecionales en los altos tribunales.
En total hay 85 vacantes en la cúpula judicial, con una en la Audiencia Nacional, 25 en las provinciales, 36 en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y 23 en el Supremo (TS). Este último ha perdido ya un tercio de magistrados sin cubrir sus plazas, lo que ha llevado al borde del colapso a sus salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Su Gabinete Técnico, en un informe emitido hace poco más de un año, avisó de que eso supondría dictar mil sentencias menos.
Esta crisis de vacantes tiene su origen en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) realizada por el PSOE y Podemos en marzo de 2021 para empujar al PP a pactar, una modificación legal que impide que un CGPJ en funciones pueda llevar a cabo nombramientos discrecionales y que sufrió una contrarreforma meses después, ese julio, para facilitar la renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC), que finalmente se logró.
UN ACUERDO CON “GARANTÍAS”
En este tiempo, ha habido varios intentos de renovación, los más recientes en el contexto de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, si bien saltaron por los aires con el adelanto de los comicios generales al 23 de julio. Ahora, una vez constituido el nuevo Gobierno, las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press avistan otra ventana de oportunidad: “No renovar va siendo ya insostenible”.
La duda está en el cómo. Las fuentes coinciden en que la opción idónea es que PSOE y PP retomen las negociaciones. De hecho, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, trasladó a Guilarte en su primer encuentro tras llegar al cargo que su intención era recuperar el acuerdo de hace un año, que estaba prácticamente cerrado –con diez progresistas y diez conservadores, siendo la Presidencia el principal escollo– y naufragó por el anuncio de la inminente reforma del delito de sedición.
En el PP, aunque están dispuestos a sentarse a hablar, siguen dibujando la misma línea roja y exigen que la renovación vaya acompañada de una reforma para que los 12 vocales que deben ser elegidos entre jueces y magistrados –el llamado turno judicial– sean seleccionados por sus pares, en línea con los estándares europeos, quedando los otros 8 vocales designados entre juristas de reconocido en manos de las Cortes Generales.
El Gobierno de Pedro Sánchez no se ha negado a dialogar sobre esa posible reforma pero insiste en que lo urgente es renovar. Las citadas fuentes creen que, si en los nuevos contactos los socialistas dieran a los ‘populares’ “garantías” para la modificación del sistema de elección del turno judicial, el acuerdo entre ambos partidos sería posible.
RENOVACIÓN UNILATERAL
Sin embargo, en el CGPJ nadie se deja llevar por el optimismo, ya que en este lustro los actuales vocales han estado a punto de hacer las maletas varias veces sin que sus expectativas se hayan colmado. Así, las fuentes del órgano de gobierno de los jueces apuntan también a una “renovación por las malas” mediante una reforma legal impulsada por el Gobierno y sus socios que deje a un lado al PP.
Algunos saltan directamente a este escenario de confrontación, al descartar que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo vaya a entablar conversaciones con el PSOE en plena tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. “No hay incentivos”, aseguran. Otros, en cambio, ven la reforma legal como una segunda fase que se abriría solo si el PP bloquea el acuerdo, bien para forzar el pacto, bien para renovar directamente.
Las fuentes señalan dos reformas posibles. En primer lugar, la propuesta registrada en octubre de 2020 por PSOE y Podemos para, en caso de que en primera vuelta no fuera posible elegir a los 12 vocales judiciales en el Congreso de los Diputados y el Senado por la mayoría de tres quintos que marca la ley, que en una segunda vuelta salieran por mayoría absoluta.
El presidente del Gobierno descartó expresamente esta posibilidad en su reciente viaje a Oriente Próximo, si bien en el CGPJ desconfían. En su día, el PSOE acabó retirando esta proposición de ley, después de que Bruselas diera la voz de alarma, pero posteriormente ha venido amenazando con reactivarla.
Las fuentes contemplan una segunda reforma destinada a que esos 12 vocales sean elegidos por el Congreso, escorando así al Senado, sede legislativa dominada actualmente por el PP. El TC, en una reciente sentencia sobre la limitación de poderes de un CGPJ caducado, afirmó que es “posible, dentro del marco constitucional, que la propuesta para su nombramiento proceda en todo o en parte del Congreso o del Senado”.
En cualquier caso, se trataría de una renovación parcial, ya que la Constitución solo permite ‘jugar’ con el modo de elección de los 12 judiciales –que ahora se eligen por mitades y mayoría de tres quintos en cada cámara– al dejarlo “en los términos que establezca la ley orgánica”, pero dice expresamente que los 8 del turno de juristas deben designarse 4 por Congreso y otros tantos por Senado con la mayoría reforzada de tres quintos.
La renovación parcial, aunque nunca se ha producido, sería posible. Así, ese mismo fallo del TC indica que, si bien la renovación integral es “la fórmula por la que ha optado el legislador desde el principio”, no es “inconcebible” algún “sistema de renovación del órgano por partes”. De hecho, la propia LOPJ contempla que, si hay 10 vocales nombrados por una de las cámaras sin que estén los otros 10, los primeros puedan tomar posesión.
Desde el CGPJ, la opción preferente es sin lugar a dudas el acuerdo PSOE-PP. Su presidente interino lo ha fijado como la prioridad de su mandato, aunque es consciente de que únicamente puede ejercer de “mediador”, ya que la decisión está en manos de los partidos.
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