MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El Gobierno solicitará a la Comisión Europea la puesta en marcha “inmediata” de una respuesta europea para reforzar la trazabilidad de todas las importaciones de combustible que llegan a la UE. Este paso se da tan solo unas horas después de que el Ejecutivo reconociese que investiga la posible entrada de diésel ruso en España a través de terceros países, que sería contraria a las sanciones europeas impuestas al régimen de Putin por la invasión de Ucrania.
Según explicaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, la vicepresidenta tercera y titular de esta cartera, Teresa Ribera, remitirá en las próximas horas una carta a Bruselas para “elaborar una propuesta común europea que incorpore un certificado de garantía por parte de la Comisión Europea”.
Este certificado no solo afectaría a los puertos, sino que también abarcaría a las refinerías de donde sale el producto o del exportador de las minas de carbón.
“Nos tomamos muy en serio este asunto, no sólo para España sino para el conjunto de la UE. Hemos de seguir siendo inflexibles en el cumplimiento firme de las sanciones contra el régimen de Putin y, por tanto, la vicepresidenta Teresa Ribera va a compartir con sus socios comunitarios una respuesta de ámbito europeo”, anunciaron desde el Ministerio.
Desde el Gobierno consideran “necesario” aplicar un “modelo garantista” después de que Repsol denunciase que “el diésel ruso sigue estando en el marcado europeo y español”. La propia Ribera afirmó esta mañana que “aparentemente” todo “está en regla”, pero avanzó que ya están investigando la situación para “corroborar de manera definitiva que esto, en efecto, sea así”.
“El Gobierno se ha puesto a investigar qué está ocurriendo con la llegada de combustibles que, en principio, viene con papeles que acreditan una procedencia correcta. Ante la menor sospecha, corresponde investigar si esos papeles son correctos y si efectivamente los productos que importan son de donde dicen que son, o si bien son de otra procedencia y ha habido algún tipo de irregularidad”, declararon desde el Ministerio para la Transición Ecológica.
El Gobierno espera que los socios europeos compartan esta misma preocupación y se pueda aplicar un modelo “garantista” con la mayor brevedad posible.
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