MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha acordado este martes en Consejo de Ministros pedir al Consejo de Estado un dictamen “urgente” sobre el protocolo acerca de los menores migrantes aprobado por el Gobierno de Canarias, ante “un posible conflicto de competencias”.
“Hemos acordado remitir al Consejo de Estado para que se emita un dictamen con carácter urgente sobre el protocolo aprobado por el gobierno de Canarias sobre menores migrantes ante un posible conflicto de competencias”, ha anunciado la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales, este sería el primer paso para iniciar los trámites en el caso de que finalmente se acabe decidiendo elevar este protocolo canario al Tribunal Constitucional.
Este anuncio coincide con el día en que se celebra la comisión Interministerial de Inmigración, en Madrid, en la que participa el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Además, llega después de que el Ministerio de Juventud e Infancia enviara la semana pasada a la Fiscalía un informe en el que expone que el protocolo aprobado por el Ejecutivo de Canarias sobre la acogida de menores migrantes “puede ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia en España”.
El nuevo protocolo aprobado por el Gobierno presidido por Fernando Clavijo pretende garantizar el cumplimiento de los requisitos previos de identificación y de documentación que debe acompañar al menor de manera individualizada en el momento de su entrega y recepción por los servicios de acogida que dependen de la Comunidad, y establecer asimismo un debido control previo de su administración para evitar la situación de ingreso sin plaza.
En este contexto, el procedimiento para elevar estos asuntos al Tribunal Constitucional establece una consulta previa al Consejo de Estado como primer paso para recurrirlo al órgano constitucional.
“BLOQUEO DEL PP”
Asimismo, la portavoz del Gobierno ha criticado el “bloqueo del Partido Popular” sobre la cuestión migratoria. En concreto, ha reprochado al PP que “impidió poner sobre la mesa una solución para esa acogida de los menores en las distintas comunidades autónomas” a través de “una reforma de la ley de extranjería” en la que, según ha recordado, llevaban trabajando “más de ocho meses con el gobierno de Canarias”.
“Creo que estamos en un momento con 18 meses por delante donde no va a haber procesos electorales. Y creo que es absolutamente primordial y necesario que el Partido Popular abandone ese bloqueo constante. Y, sobre todo, que asuma la responsabilidad que tiene también como partido de Estado, que así se define, como el principal partido de la oposición, para abordar de una manera seria y responsable la cuestión de los menores y la inmigración. La mano del Gobierno está siempre tendida”, ha subrayado Alegría.
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció la semana pasada la firma de un acuerdo con el Gobierno canario sobre política migratoria que dijo que pondría a disposición del Ejecutivo central para alcanzar acuerdos y “desbloquear” la situación.
Tras reunirse en el archipiélago con Fernando Clavijo, el líder de los ‘populares’ señaló que el documento consta de nueve puntos, entre los que destaca, en relación a los menores migrantes solos, una propuesta, que debe recogerse en la Ley de Extranjería, y que compromete al Gobierno a hacerse cargo de la financiación de la atención de estos niños cuando se supere el 100% de la capacidad de una comunidad autónoma y también de la gestión, además de la financiación, cuando se supere el 150% de capacidad.
En relación, a estos menores, también exigen la convocatoria urgente de las conferencias sectoriales de Inmigración y la de Infancia y Juventud para acordar los criterios de reparto entre las comunidades y el Gobierno; garantizar que ninguna comunidad quede exenta de recibir menores no acompañados; asegurar que los menores sean menores antes de trasladarlos; poner a disposición de las comunidades infraestructuras de la administración del Estado vacías y en desuso con los recursos necesarios para atención y alojamiento y financiar un fondo de contingencia en favor de las comunidades para posibilitar recursos económicos y financieros para atender a los menores hasta su emancipación.
Además, el pacto incluye convocar urgentemente la Conferencia de Presidentes; declarar la emergencia migratoria nacional; garantizar el control en fronteras –mejora del control policial, pasaporte de transito, más medios humanos y materiales comisaría de Extranjería, despliegue de fuerzas en países de tránsito y origen–, o solicitar a la UE el despliegue de Frontex, entre otras medidas.
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