MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha acordado pedir a las Cortes Generales la autorización para construir dos puentes internacionales con Portugal en Extremadura y Andalucía, con el objetivo de “mejorar las condiciones para la circulación de vehículos y personas entre los dos Estados”.
Lo ha hecho este martes en el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a remitir al Congreso y al Senado el acuerdo de ambos países para la construcción de un puente entre las localidades de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) y Alcoutim (Portugal), sobre el río Guadiana, y de otro entre Cedillo (Cáceres) y la portuguesa Montalvão-Nisa, sobre el río Sever.
El Ejecutivo solicita así la tramitación de los dos puentes por el procedimiento de urgencia y que se autorice el consentimiento de España, ya que contribuirán “no sólo a incrementar el tráfico de personas y a mejorar los intercambios humanos y económicos entre nuestros países, sino también a desarrollar el área de carácter transfronterizo” de las dos comunidades autónomas españolas y de las regiones portuguesas del Algarve y Alentejo.
NAVEGACIÓN Y PESCA EN EL GUADIANA
Además, en su reunión el Consejo de Ministros ha dispuesto enviar a las Cortes el acuerdo entre España y Portugal para la seguridad de la navegación y la náutica de recreo en el Tramo Internacional del Río Guadiana (TIRG).
El Gobierno explica que el acuerdo responde a la necesidad de adoptar medidas comunes y de coordinar esfuerzos entre países “con vistas a una adecuada reglamentación de la seguridad de la navegación y la náutica de recreo en el TIRG, atendiendo a la necesidad de promover y adoptar medidas en el ámbito de la seguridad en la navegación que potencien una práctica segura de esta y de garantizar condiciones a los deportistas náuticos de las dos partes y de otros países, así como generar actividad económica en los territorios fronterizos, de acuerdo con el Derecho Internacional”.
Y de igual forma remite a las Cortes un cuarto acuerdo sobre la pesca en ese tramo del Guadiana para regular el ejercicio de la pesca profesional, recreativa y deportiva, “garantizando la igualdad de condiciones para los sectores pesqueros de ambas partes y la protección del ecosistema y la biodiversidad, y generando oportunidades económicas y sociales a las poblaciones fronterizas”.
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