MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Sumar ha preguntado al Gobierno ha tomado las medidas pertinentes y si, por tanto, se plantea aplicar antes que la Unión Europea (UE) el Reglamento europeo relativo a la comercialización de materias primas y productos asociados a la deforestación y a la degradación forestal “teniendo en cuenta la importancia de su aplicación en materia de lucha contra el cambio climático”.
La entrada en vigor de la normativa –el Reglamento 2023/1115– era el 30 de diciembre de 2024, pero el Consejo y el Parlamento europeo lo ha retrasado hasta diciembre de 2025. Así lo ha inquirido la formación a través de una pregunta registrada en el Consejo de los Diputados registrada por la diputada de la formación Júlia Boada Danés.
A través del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ha pedido saber qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para el próximo año y medio y con qué calendario está trabajando actualmente en el caso de no haber tomado las medidas necesarias para la aplicación del reglamento. En este sentido, también ha inquirido sobre con qué calendario cuenta el Gobierno para la tramitación de la Ley de aplicación del Reglamento.
A su vez, ha censurado que haya empresas y pymes que hayan “alertado de su falta de herramientas para la aplicación del Reglamento en diciembre de 2024”. Por esta parte, ha preguntado sobre qué medidas ha tomado el Ejecutivo desde la aprobación del Reglamento el 31 de marzo de 2023 para acompañarlas en la adaptación a la normativa antes del anuncio de la prórroga el pasado noviembre; y si ahora va a trabajar “con el tiempo suficiente” para que éstas se adapten de manera adecuada “en el próximo año y medio”.
En la pregunta, la formación explica que una de las razones que da el Consejo y el Parlamento para su prórroga es dar el tiempo suficiente a las empresas para que lleven a cabo una implementación de la normativa sin problemas. Al respecto, argumenta que tanto las empresas como los estados han tenido “un año y medio” para adaptarse y que, según Alianza Cero Deforestación, “ya hay sectores productivos que estaban preparados para la nueva normativa y la prórroga les supone un perjuicio considerable”.
A su vez, Sumar incide en la importancia del mantenimiento de bosques y árboles ya que constituyen “uno de los conversores más importantes del dióxido de carbono (CO2) y los gases de efecto invernadero y contribuyen de manera esencial a paliar el cambio climático”. A su juicio, ésto hace acuciante la aplicación de la normativa europea. “La inacción durante un año y medio no se ve justificada”, ha criticado.
USO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Por otro lado, Sumar ha preguntado al Gobierno si tiene intención de elaborar un plan de acción estatal para el uso sostenible de los productos fitosanitarios y si, en caso afirmativo, planea hacerlo en el marco de diálogo con las entidades medioambientales y las organizaciones agrarias. Así se ha expresado a través de una pregunta registrada en el Congreso de los Diputados por la diputada de la formación Júlia Boada Danés.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Grupo Parlamentario ha sondeado sobre más características de este hipotético plan. De esta manera, ha pedido saber si en el caso de que se esté trabajando en un texto, cuáles serán sus ejes principales. Asimismo, ha preguntado si está previsto que se incorporen objetivos “vinculantes, ambiciosos y medibles” de reducción cuantitativa y cualitativa del uso e impacto real de plaguicida.
En líneas generales, Sumar ha inquirido sobre si el Ejecutivo contempla la prohibición del uso de los pesticidas de mayor peligrosidad. Asimismo, ha querido saber sobre las posibilidades de prohibir el veto de plaguicidas en zonas públicas, ya sea áreas especialmente sensibles, como parques y jardines, entornos de colegios, hospitales o residencias de personas mayores; como en el mantenimiento de vías de tren, arcenes de carreteras, etc., “ya que por su contenido en glifosato puede afectar a la salud de las personas”.
A lo largo del escrito, la formación ha incicido en que, según varias ONGs ambientalistas estatales, “el 80% de los campos en España están amenazados por la contaminación por plaguicidas, muchos de ellos con un alto nivel de toxicidad para la biodiversidad y la salud humana”. A su vez, ha hecho referencia a cómo dichas entidades ecologistas piden al Ejecutivo que elabore y ponga en marcha un Plan de Acción Estatal para el Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios que recoja los objetivos de reducir usos y riesgos globales de los plaguicidas químicos en un 50%, así como el empleo de los más peligrosos a la mitad de aquí a 2030, como propone la Unión Europea (UE).
- Te recomendamos -
